Cuando la mentira se convierte en un recurso de gestión estatal hay momentos, de tanto reproducirla, en que pareciera que es verdad.

El tema viene al caso al observar el comportamiento de la dirigencia masista frente a la presión para derogar la Ley 1386. Si hasta el caudillo del MAS y expresidente fugado aconsejó derogarla después de la movilización social que provocó su promulgación, las autoridades de gobierno y la dirigencia del MAS pudieron haberse dado cuenta de que nuevamente se les presentó la oportunidad de recuperar valores democráticos y abrir espacios de dialogo que, por un lado, permitan enfrentar adecuadamente la aguda crisis que el país vive y, por el otro, recuperar legitimidad.

Lamentablemente, una vez más comprendieron mal el mensaje de la sociedad, como se comprueba en la exposición de motivos para derogar la norma que contiene una sarta de mentiras que incluso les afecta para evitar el reconocimiento de errores, sino que cual adolescentes pícaros decidieron aprobar en la Asamblea Legislativa otras normas también resistidas por la gente, luego de haber movilizado a sus huestes radicales y violentas, y lanzar en tono de amenaza aquello de que “cuidado con que resucite el Inca”.

Es decir, las autoridades de gobierno y el MAS no logran calibrar el humor de la ciudadanía, sino que creen a pies juntillas las mentiras que ellos mismos crean.

Esta actitud no es exhibida solo por los militantes del socialismo del Siglo XXI bolivianos. El caso argentino, si cabe, es más patético. Como era previsible, el oficialismo perdió contundentemente en las elecciones legislativas de medio término y pese a ello, su presidente, el inefable Alberto Fernández, convocó a sus huestes a “festejar la victoria” y una de sus principales candidatas, que salió segunda en el principal bastión kirchnerista, muy suelta de cuerpo declaró que hay quienes ganan perdiendo (ellos) y otros pierden ganando (la oposición).

Ni qué decir de los Maduro, Díaz-Canel, Ortega, que están seguros, al sentirse ungidos, que la realidad es lo que ellos creen que es y de esa manera conducen a sus pueblos a situaciones de miseria y violencia intolerables.

Al margen del daño que actitudes de esa naturaleza hacen a la sociedad en su conjunto, donde crece la desconfianza en todos y en todo, también se pierden los ideales en la construcción de sociedades modernas, inclusivas, deliberativas y se conceptúa el poder como el simple goce de quienes lo asumen, que además aprovechan esa desconfianza para impedir que la sociedad pueda organizarse en función a sus intereses.

De una u otra manera, esa mano negra autoritaria se siente también en los espacios de la sociedad. En el caso de la movilización en contra de la Ley 1386, una vez esta fue abrogada, el Comité Cívico pro Santa Cruz levantó el paro indefinido, en contra de la posición de grupos radicalizados que querían mantenerlo, lo que podría provocar situaciones de violencia. Seguramente en esas circunstancias el presidente de la institución cívica, Rómulo Calvo, recordando al exgobernador Rubén Costas que, cuando el MAS logró cercar Santa Cruz en 2009, asumió una actitud responsable que evitó una confrontación violenta.

Una vez más se aprende que por encima de toda demanda que se persiga para construir una sociedad mejor está garantizar la vida de la gente, lección que siempre hay que recuperar en la difícil conducción de movilizaciones sociales.

Además, la historia nos muestra que pese a las mentiras, que a veces tienen patas largas, es mediante el uso de los recursos de la democracia y el compromiso solidario que será posible recuperar valores de pacífica convivencia para encarar el desarrollo inclusivo. Así nos demuestran la actitud de los pueblos originarios de las tierras bajas, el referendo de 2016, el rechazo al fraude de 2019, las elecciones de 2020 y 2021.