Al contrario de lo que parece, las movilizaciones —pasadas y en preparación— en contra del paquete de leyes denominadas “malditas” no son el mayor problema que enfrenta el presidente Luis Arce, y hasta podrían ayudarle a imponer el orden y la autoridad necesarias para que su Gobierno asuma seriamente la gestión del país en un momento en que las urgencias se acumulan.

Y no es en las calles donde necesita imponer ese orden y autoridad imprescindibles para responder al mandato que le confiaron hace 13 meses el 55 por ciento de los electores: es en el oficialismo, es decir en la administración del Estado y en la interacción entre ésta y el MAS.

Una evidencia de ello es la ofensiva de persecuciones judiciales y agresiones de grupos de choque masistas desencadenada en contra del presidente cívico cruceño, la madre del encarcelado líder de la Resistencia Juvenil Cochala, y los movilizados en Santa Cruz, Sucre y La Paz, en lo que parece una revancha por la anulación de las medidas contra el lavado de dinero, provocada por las protestas.

Esa revancha y también demostración de fuerza —en la perspectiva de las movilizaciones que se preparan contra la Ley 1407 del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025— no pueden corresponder a una estrategia de gestión mínimamente razonable, cuando el Gobierno tiene que ocuparse de resolver urgencias apremiantes.

Urgencias como la formulación del Presupuesto General del Estado parta 2022, cuyo anteproyecto el Gobierno debió haber enviado a la Asamblea hace 29 días como plazo máximo, según lo establece la Constitución Política del Estado.

O la probable crisis energética que, debido a la caída de la producción de gas, afectaría al suministro de electricidad a las industrias nacionales, lo cual ocasionaría una contracción económica y pérdida de empleo.

Y el lío en Aasana que puede conducir a una paralización de los aeropuertos principales del país, justo en una época de alto tráfico aéreo.

Y también el escándalo creciente de la violencia en el avasallamiento de tierras, en Santa Cruz y Cochabamba, en cuyo tráfico están involucrados funcionarios de algunas instancias estatales, provocando perjuicios a propietarios y comunidades, y problemas a otras instancias del Estado.

Todo ello está fuera de las preocupaciones del maestro adoctrinador de las huestes masistas, el exministro de la presidencia de Morales, para quien sus “compañeros en el Gobierno y en el Legislativo no tienen la suficiente formación política e ideológica para dar la cara y salir a las calles, para ocupar una trinchera, para pelear por una ley”.

Arce está en una delicada situación, entre el descontento de las calles, las urgencias de la gestión del Estado y las presiones del ala extrema del MAS. Esta crisis podría transformarse en la oportunidad de hacer valer su investidura, fruto de las urnas, y asumir su mandato plenamente.