Contrariamente a lo que se esperaba, el gobierno, en acuerdo con el Legislativo, luego de muchos días de conflictos en todo el país tomó una determinación sobre la Ley l386, aprobada por el gobierno y que causó desazón, desconcierto, alarma y preocupación en la colectividad. Y es que resultó ser el epicentro de un “paquete de leyes” que implicaría cambios sustanciales de antiguas disposiciones o la aprobación de otras que, según el buen concepto y entendimiento de profesionales del Derecho, significaban serios atentados y vulneración a derechos del pueblo.
Se han producido reacciones y rechazos, protestas y condenas, paros y huelgas para impedir su vigencia. El gobierno, consciente de la realidad y seguramente del hecho de haber precipitado la aprobación, decidió abrogar la Ley l386; asimismo, se debería anular la disposición atentatoria que suprime el requisito de aprobación de normas con los dos tercios (2/3) de votación de senadores y diputados. Recordemos que, en su momento, se había aprobado ese requisito porque así convenía al Legislativo y al Ejecutivo del régimen de turno.
¿Muestra inseguridad o carencia de criterio del gobierno, dictar leyes que posteriormente, ante cualquier presión, deba anular? Lo cierto es que una ley debe ser sopesada, meditada, examinadas sus consecuencias y tener seguridad de que será aceptada sin reticencias por la mayoría del país y que no será sometida a conveniencias y críticas de quienes querrían que su palabra o decisión sea la que predomine para su consideración por el Legislativo y posterior promulgación por el Ejecutivo. Sin embargo, posiblemente por pedido o sugerencia del Parlamento, se aprobó un intervalo o paréntesis de espera para un mayor examen y decisión posterior, dejando en suspenso su vigencia.
Finalmente, habrá que preguntar ¿gobierna o no el gobierno o está sometido a decisiones partidarias sin autorización legal alguna? Muchas veces se ha sostenido que lo importante es el país y que el partido ocupa lugar secundario; pero no tuvieron eco las recomendaciones y se da más importancia al partido político que a los intereses y conveniencias de la nación.
El país requiere vivir en paz y concordia; no debe estar supeditado a reacciones contrarias en forma permanente, y es conveniente para gobernantes y gobernados que la armonía y los acuerdos mediante diálogos constructivos imperen en la vida nacional. De otro modo, se corre el peligro de discordias permanentes y la presencia de nuevas dificultades. Consecuentemente, es el gobierno, en consonancia con el Poder Legislativo, el que debe decidir pronta, constructiva y eficientemente lo que se vaya a resolver, antes de que resurjan nuevos conflictos.