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Medio: La Razón
Fecha de la publicación: viernes 19 de noviembre de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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Los nueve días de paro cívico en algunas ciudades del país han servido para recordar al país que la división política es una realidad que debe preocupar a gobernantes y gobernados; también que la movilización popular tiene límites, sobre todo cuando existen agendas escondidas detrás de los discursos en “defensa” de la democracia, que sigue siendo el mejor modo de gobierno.
Estas son dos de las principales conclusiones que se extraen de las tensas jornadas vividas, pero no las únicas. Reflexionar sobre lo sucedido, sus causas, los modos desplegados y los resultados obtenidos de la movilización es tarea, en primer lugar, de las autoridades, no solo para retener el mandato otorgado por el 55,1% de los votos, sino sobre todo para asegurar que el Gobierno responda a las necesidades y demandas a toda la sociedad, disipando la perversa idea de que gobierna “para unos cuantos” (incluso si esos cuantos son mayoría absoluta).
Pero también corresponde a las dirigencias opositoras tanto como a los líderes de movimientos sociales, gremios y sindicatos hacer una profunda reflexión sobre los modos, métodos y resultados que éstos permiten. En fin, todos los agentes involucrados en la política deberían hacer una valoración de lo que se ha logrado y lo que se ha perdido con el fin, ojalá, de reencauzar la potencia popular dentro de los márgenes de la democracia.
Son muchos los temas que pueden (y deben) considerarse lecciones aprendidas de la movilización, entre ellos, en primer lugar, que la polarización ha llevado a la sociedad boliviana al borde de una ruptura que puede ser catastrófica. Frenar la espiral de conflictividad exige mucho más que demandas judiciales y acción policial. Mientras las bravuconadas e insultos de unos y otros reemplacen al debate, la democracia está severamente amenazada por sus propios agentes.
También se ha visto que las oposiciones, arrinconadas en su ineficacia e impotencia, reclaman para sí derechos por ser minorías y sentirse excluidas, olvidando que el juego democrático implica también y sobre todo respetar la decisión de la mayoría. Por su lado, las fuerzas del oficialismo han mostrado que confunden su mayoría electoral con monopolio del poder y permiso para el autoritarismo; flaco favor se le hace a la democracia cuando la agenda política incluye disciplinamiento y castigo.
También se puede considerar lección el hecho de que, más que nunca, un nutrido grupo de medios de comunicación parece haber abdicado de su función mediadora e informativa para convertirse en cámaras de eco de las oposiciones. En el lado gubernamental la falta de estrategias para afrontar lo que claramente es una crisis de disenso, expandido a través de toda clase de medios e instrumentos de comunicación privados, provoca sobresaltos a los gobernantes y debilita su posición. Debe entenderse, pues, que la comunicación tiene una importancia fundamental para el ejercicio de la política y que la propaganda es apenas una parte del entramado de relaciones.