El pulso entre el Gobierno y las sendas manifestaciones que se han registrado en el primer año de gestión de Luis Arce demuestran que la crisis política y social que arrastra el país desde 2019 aún sigue latente y ha puesto a prueba la capacidad del oficialismo de conectar con la población.

«Somos mayoría», sentenció Arce cuando asumió la Presidencia hace un año haciendo alarde del más del 55 % de los votos con los que ganó los comicios de 2020, que significaron el retorno al poder del Movimiento al Socialismo (MAS).

Precisamente este es quizá el principal argumento del oficialismo para defender que su modelo político, económico y social es el «único» válido para el desarrollo del país y que en cambio el «modelo neoliberal» de la presidenta interina Jeanine Áñez, que para el MAS surgió de un «golpe de Estado», dejó a Bolivia en palabras de Arce en un «coma inducido».

En este primer año el presidente se ha dado «varios baños de masas» en sus recorridos por las regiones para reforzar la presencia del MAS en el territorio nacional, sin embargo, esa popularidad se ha visto eclipsada por leyes que para sectores cívicos, sociales y económicos vulneran varios derechos del pueblo boliviano.

Leyes vs. calles

Gremios de comerciantes informales, transportistas, de salud, organizaciones cívicas y ciudadanas sostienen que el Gobierno no genera los espacios de diálogo con ellos y solo «escucha» a sus bases por lo que no tienen más alternativa que llevar a las calles sus exigencias que por el momento «ha dado sus frutos» como el reciente paro parcial que duró nueve días.

Políticos opositores y analistas coinciden que la abrogación del proyecto de ley 218 sobre las acciones legales contra el dinero ilícito y de la ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo es «un triunfo» de los sectores movilizados y del pueblo.

Por su parte, el vocero presidencial, Jorge Richter, reconoció a medios locales que lo sucedido es una «lección aprendida» para el Gobierno y que se debe buscar una «metodología diferente» para trabajar y socializar una ley.

El analista Francisco Zaratti señala que los recientes sucesos «indudablemente» han puesto a prueba la capacidad del Gobierno y del oficialismo para conectar con la población.

«Una cosa es votar por un partido afín y otra cosa es respaldar medidas que afectan a esos sectores (…) en caso de conflicto de intereses ni los dirigentes logran controlar a su sector», afirma Zaratti y añade que esa situación es lo que «ha inducido el retroceso del Gobierno».

En ese sentido, algunos líderes gremiales afines al oficialismo y otros privados coincidieron en que el Gobierno y el Legislativo debe socializar y debatir las leyes que afecten directamente a los diferentes sectores sociales para evitar la «desinformación», que para el Ejecutivo es la técnica de la oposición para provocar «desestabilización».

Trasfondo electoral

La «compulsa de fuerzas entre el Gobierno y la sociedad tiene un trasfondo electoral», en Bolivia «ya no es el tiempo de los golpes militares, ni de las desestabilizaciones, todo se resuelve en las urnas», considera el analista Carlos Cordero.

En su opinión, el «Gobierno de Luis Arce busca aprobar una serie de leyes que le permitan tener una mayor gobernabilidad, tener capacidad de decisión» y tener las «opciones abiertas hacia las elecciones de 2025», mientras que la «oposición y algunos sectores movilizados van a intentar desgastar al Gobierno» para llegar de manera más cómoda a esos comicios.

El «Gobierno ha sufrido una derrota pero todavía tiene cuatro años de gestión por delante» y el oficialismo va a buscar que los hechos recientes no «deterioren la imagen de Luis Arce» por lo que tendrá «que hacer ajustes para conservar su popularidad», dijo.

Pero también la «oposición está fraccionada, le falta un diálogo», afirmó Cordero, en referencia a las deserciones de algunos legisladores de Comunidad Ciudadana, el partido del expresidente Carlos Mesa, y de Creemos, el grupo político liderado por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

La polarización en Bolivia es un reflejo de la «pugna» que se está viviendo en Latinoamérica. Una «oposición que quiere una democracia plural» y «un partido (el MAS) que quiere una democracia más tutelada, más fuerte con menos participación de la oposición» y eso ha quedado «muy claro en los discursos de Evo Morales y de Luis Arce», argumenta el politólogo boliviano.