El Gobierno y el MAS en la Asamblea Legislativa coinciden en que aprendieron la "lección" de que no se deben aprobar leyes sin consensos previos sobre todo cuando se tocan intereses de sectores sociales que forman parten de las "bases" del partido.

"Lo importante es que se recoja la enseñanza de que se comprenda de que son necesarias otras formas de socializar una ley, de dar a conocerla y generar acompañamiento y de parte del Gobierno, es una lección aprendida", afirmó el vocero gubernamental Jorge Richter esta mañana en una entrevista con la red Unitel.

Consideró también que se debe reflexionar la instalación de "hechos discursivos que distorsionan el espíritu y alcance de una ley (...). Hay una mentira que se la utiliza para tener efectos políticos de inestabilidad en el país" denunció.

El presidente en ejercicio David Choquehuanca promulgó anoche la ley que anula la Ley 1386 de Estrategia de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas después de que desató un paro indefinido con bloqueos que derivaron en el fallecimiento de una persona en Potosí.

El Gobierno honró su compromiso de abrogar la norma y las movilizaciones fueron levantadas en las regiones más radicalizadas como Santa Cruz y Potosí.

No obstante, para el Gobierno queda la reflexión y el análisis de cómo prevenir conflictos y cómo gestionarlos sin retroceder como lo hizo hasta ahora. En octubre tuvo que archivar otro proyecto de ley ante la presión de sectores afectados.

Entonces culpó a la desinformación como ahora y apuntó a los medios de comunicación por esa supuesta estrategia.

"Necesitamos para ciertas leyes específicas tener una capacidad distinta, metodología diferente, que nos permita socializar cuando la ley es sensible para determinados sectores". Esa es la lección aprendida por el Gobierno, según Richter.

Para el diputado del MAS, Héctor Arce, lo ocurrido con la Ley 1386 deja enseñanzas valiosas para el partido en la Asamblea Legislativa.

"Nunca más, ninguna ley que sea sensible se aprobará sin la socialización con las organizaciones aunque eso conlleve más tiempo" afirmó el parlamentario.

La Ley 1386 fue rechazada fundamentalmente por gremiales y choferes que forman parte del grueso de la economía nacional que trabaja de manera informal.

La norma abrogada, según reconoció el mismo jefe del MAS Evo Morales, afectaba a los sectores informales porque establecía que la informalidad era un canal para la legitimación de ganancias ilícitas.