En este tiempo es insostenible, para cualquier partido político u organización afín, hablar de participación democrática sin una hoja de ruta anticorrupción.

Los partidos políticos –y aquí radica, aun en teoría, un plano insustituible de su importancia– son los principales articuladores y aglutinadores de los intereses sociales. Juegan relevantes funciones en la relación entre sociedad y Estado que van más allá de la mera contribución a los procesos electorales, pues afirman las reglas del juego institucional de pesos y contrapesos de la vida democrática de un país.

Es secundaria la doctrina u orientación ideológica que adopte cualquier actor político, mientras cultive valores y principios de gobierno y gestión coherente y transparente del gasto público.

En esta perspectiva, debe ser objetivo de todo país que apuesta por vivir en democracia, construir y consolidar una agenda de lucha contra la corrupción entre sus representantes políticos y de relevancia en el quehacer del Estado.

En muchos países, en las últimas décadas, estos presupuestos morales y principistas no están concurriendo en la formación y desarrollo de organizaciones de participación política. Por eso estas, si no han sido captadas por estructuras criminales, están siendo creadas con fines delictivos. Órdenes que promueven y facilitan la corrupción y otros crímenes, pero también para asegurar impunidad a sus integrantes aliados y operadores, usando las normas y procedimientos e instituciones del Estado.

Vivimos una torcida realidad que es alentada por la indiferencia de una población que calla, por desconocimiento, conveniencia, miedo y otras formas de adormecimiento que debemos reconocer y atacar para superar.

La participación política en nuestros países no ha evolucionado. Alcanzar madurez social, desde una perspectiva democrática, con partidos políticos sólidos, institucionalizados por medio de elecciones primarias en la cabeza y en las listas, por ejemplo, aún es lejano. Lo que tenemos son caudillos e improvisados al frente de su club de amigos y financistas internos e internacionales, que aparecen cada cuatro o cinco años en la arena electoral junto a aliados que, por lo general, en lugar de sumar con propuestas constructivas y masa crítica, restan debido a que no tienen visión de país ni localidad y porque su camaleónico pasado partidario o criminal los precede. Solo contadas personas, de estos círculos de intereses, al ser nuevas en escena escapan a esta regla.

Necesitamos, por estas y otras consideraciones que están en el debate nacional y regional, repensar nuestras formas de participación política y recrear los partidos políticos. Rescatarlos y ponerlos al servicio de la democracia depende de la calidad moral y misión social de quién decida incursionar en política.

Resulta ilógico, por ejemplo, que la mayoría de la representación en el Congreso peruano, a meses de ser elegidos –luego de un proceso electoral traumático por desigual– y estar en funciones, solo tengan como agenda central la vacancia del presidente Pedro Castillo. Lo propio que sigan en frivolidades y de lucha contra la corrupción política o reformas estructurales del Estado cero.

En ese sentido, sepultar la tradicional forma de hacer política, esa que engaña al elector y burla su confianza, para afianzar la corrupción y la impunidad, es indispensable. Nuestros sistemas electorales y de partidos políticos no pueden permitir que sigan postulando a cargos públicos personas con antecedentes criminales. Tampoco, entre otras caracterizaciones, que el debate político nacional esté basado en promesas vacías, populistas, desarraigadas, inviables, irresponsables y plagadas de odio.

Si no queremos que nos sigan engañando y postergando como pueblos, por más tiempo, hagamos de la política y lucha contra la corrupción nuestra ocupación a tiempo parcial. Solo en ese rumbo podremos cumplir el objetivo nacional de renovar la clase política que nos usa y luego olvida o traiciona.