Las dirigencias políticas del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de las bancadas de oposición: Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, además de la mayoría de las cabezas de los movimientos cívico y sindical (no siempre unificados), han descomprimido de algún modo el clima de tensión —aunque en algunos casos con problemas internos—, dando paso a un todavía débil proceso de pacificación del país.

No ha sido fácil, tanto que ayer mismo, antes de que llegara la calma, un grupo de personas atacó con violencia a otro que bloqueaba en una de las esquinas de la Plaza 25 de Mayo, pleno centro de Sucre. Y luego le siguió una dispersión, con corridas por varias calles, a cargo de la Policía de Chuquisaca.

A punto estuvieron de chocar, con consecuencias impredecibles, los nutridos bandos de quienes estaban a favor de la protesta contra las “leyes malditas” y quienes decían defender al gobierno de Luis Arce. Ambos se habían concentrado a pocos metros uno del otro.

Lo ocurrido este martes en el Senado y, posteriormente, en el Órgano Ejecutivo, con el resultado de la promulgación de la Ley 1368, no significa que el alto grado de polarización del país haya desaparecido ni mucho menos. Basta con revisar las recientes sesiones de las cámaras Baja y Alta, donde los opositores protestaron hasta último momento en contra de la exposición de motivos incluida por el oficialismo en el proyecto de esa norma; un descontento que también se reflejó en las urbes donde, en forma paralela, se desarrollaban las protestas ciudadanas. Y aunque en Chuquisaca las medidas de presión se desinflaron a partir de la decisión de los transportistas de suspenderlas, en Potosí —sin dudas, junto con Santa Cruz, una de las dos plazas del país con mayor resistencia a las cuestionadas políticas del Gobierno central— nada estaba dicho hasta anoche, pues se esperan las resoluciones del Consejo Consultivo que fue convocado para hoy.

Bolivia se encuentra en un momento bisagra porque, después de las movilizaciones de nueve días que, en varios casos, trajeron el estremecedor recuerdo de las tres semanas de protestas en las ciudades capitales, durante 2019, contra el expresidente Evo Morales, lo que viene ahora puede significar un retroceso o un avance, en términos políticos, para el futuro del país.

El gobierno de Arce, con un año recién cumplido, está atravesando por su peor momento debido a la resistencia ciudadana a un paquete de leyes que no ha sabido comunicar adecuadamente. Sin embargo, el MAS ha dado muestras de que puede reconocer sus errores, aunque para ello haya tenido que soportar un paro que, al margen de afectar económicamente a todos los bolivianos, sin excepción, deja al Gobierno un costo político todavía difícil de calcular. Está por verse cuán fortalecidos salen los movimientos que durante casi una decena de días se han opuesto tenazmente a la aprobación de normas que, según lo han reconocido líderes del propio MAS, nunca fueron debidamente socializadas. Como era de prever, son distintas las lecturas del desenlace del conflicto —pese a que no se pueda decir todavía que este se haya resuelto definitivamente—. Cada una tiene el sello de la mirada —a menudo interesada— de quien la expresa; así ocurre siempre en las sociedades polarizadas y en las que, tras graves crisis políticas y sociales como la vivida en 2019, las heridas y los penosos resentimientos afloran ante la menor provocación.

Lo dijimos antes y lo reiteramos ahora: es inmejorable la oportunidad que tienen el presidente Arce y el vicepresidente David Choquehuanca de marcar una diferencia con relación al ala radical de su partido.