Un gobernante alcanza su consagración cuando recibe el reconocimiento y el respeto mayoritario de los gobernados, sean del color que sean, de la tendencia política que elijan o de la ideología en la que militen. La pregunta que cabe entonces es: ¿Cuántos de estos gobernantes hemos tenido a lo largo de la historia? Al menos en la última parte de esta, los mandatarios han tendido a optar por hacer uso de su poder para borrar al adversario en lugar de escucharlo, validarlo y construir juntos una sociedad integradora.
Actuar guiado solamente por la ambición de poder deja consecuencias de confrontación, separatismo y quiebre democrático en los países. En Bolivia, este camino se repite una y otra vez. Los gobiernos de turno se ocupan de anular a los cuestionadores, porque son incapaces de convivir con las críticas y con las reglas de la democracia. En esta línea se inscriben, por ejemplo, frases como las de Evo Morales cuando dice que en Bolivia no podrá haber reconciliación si los “derechistas, fascistas o racistas” no aceptan el plan de gobierno del MAS. Aquí hay que aclarar que esos calificativos son aplicados por el jefe del partido en función de gobierno para todos los que no se someten a sus designios, incluso para quienes se declaran izquierdistas como él.
En esa misma dirección están también los que ingresan a territorios comunitarios de origen para tomar posesión a como dé lugar, aunque esto signifique el uso de agresiones o ser favorecidos por el Gobierno que, por lo demás, es bueno para reconocer los derechos de los partidarios del oficialismo mientras, en paralelo, descalifica a los de los grupos críticos y contestatarios.
Y así avanza el tiempo y así se profundiza la polarización. Así también esta deja huellas dolorosas y se apacigua, solo por momentos, por periodos cortos de tiempo, hasta que vuelve a exacerbarse. Resulta increíble que esta pulsación se mantenga desde hace décadas y que Bolivia no logre tener una paz duradera, cuando los que detentan el poder están demasiado ocupados en quedarse en sus puestos de privilegios antes que en propiciar una reconciliación.
Ya se sabe lo que ocurre cuando se mantiene la confrontación. En cambio, si se impulsara la reconciliación, el país podría tener estabilidad política, consolidar una economía en la que todos los sectores ganen y se comprometan a generar desarrollo; los avances sociales serían, de esa manera, sostenibles y el bienestar de los unos no se basaría en la derrota de los contrarios, sino en el bien común.
Un escenario así parece una utopía en la realidad actual. Incluso el embajador de la Unión Europea opinó hace unos meses que no hay condiciones para un diálogo reconciliador. El problema es que, en vez de buscar puntos de encuentro, se dinamitan los puentes y se exacerban las razones con el propósito aparente de generar animadversión.
Es cierto que se necesitan dos para que exista polarización y confrontación, pero la mayor carga de responsabilidad en la búsqueda de la reconciliación es de quien detenta el poder, en definitiva, de quien conduce el país, porque tiene las instituciones del Estado bajo su control.
Bolivia se encuentra en un momento en el que aún se pueden construir las bases de la esperanza, la unidad y un mejor horizonte para todos. Es inmejorable la oportunidad que tienen el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca de marcar una diferencia con relación al ala radical de su partido. Actuando en consecuencia se puede distensionar; no haciendo nada o alimentando los odios, solo se fortalecen las posiciones extremistas y se alienta un probable desborde —como tantas veces ha ocurrido a lo largo de la historia de nuestro país— con consecuencias imprevisibles.
