Medio: Ahora el Pueblo
Fecha de la publicación: domingo 08 de julio de 2018
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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La bancada de Unidad Nacional (UN) en el Concejo Municipal de El Alto atraviesa una profunda crisis debido a los procesos judiciales que acorralan a sus integrantes. Los problemas afectan el Ejecutivo Municipal.
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La jefa de bancada del ente legislativo, Janeth Chuquimia, podría ser suspendida de su cargo después de un bochornoso incidente que protagonizó en un vehículo oficial en estado de ebriedad y por agredir a un efectivo policial.
El 29 de junio, Guillermo Ch. G. presentó una denuncia ante la Fiscalía en la que acusa a los concejales Óscar Huanca, Antioco Cala, Sonia García, Janeth Chuquimia y al diputado Rafael Quispe por uso indebido de influencias, obstrucción a la justicia, beneficios en razón del cargo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y apersonamiento y legitimación activa.
La acusación se basa en un video en el que se escucha al concejal Huanca ofrecer cargos en la Alcaldía al abogado Herlan Cabrera a cambio de que desista del proceso en contra del concejal suspendido Édgar Calderón, quien chocó una camioneta de la comuna en estado de ebriedad.
El hecho ocurrió el 29 de septiembre de 2017 y en más de nueve meses el legislador no reparó los daños ocasionados al dueño del motorizado, que llegan a $us 15 mil. Huanca aseguró que tanto él como García, Chuquimia y Cala se convertirían en garantes de la deuda. El objetivo es que la víctima desista de la denuncia y Calderón solicite al juez juvenal López la autorización para retornar al Concejo Municipal.
El jurista Cabrera confirmó el ofrecimiento y esgrime su teoría: “Recién se movilizaron cuando vieron que perdieron el control del Concejo y quisieron hacer de todo para que Calderón retorne al Concejo y saque a su suplente, Marcelo Fernández, que fue elegido presidente del legislativo y se desmarcó de UN para develar actos de corrupción de la gestión de Soledad Chapetón”.
“Primero lo dejaron solo a Calderón, nadie lo ayudó, nos consta porque eso se evidenció en el proceso. Pero ahora, cuando las papas queman (en alusión a que UN perdió el control del Concejo), recién quieren ayudarlo”, reseñó.
La Fiscalía aún no emitió criterio sobre esta denuncia; sin embargo, el presidente de la Comisión de Ética del Concejo, Juanito Angulo, dijo que se procesará a los acusados porque cometieron delitos y que la colecta de dinero para liberar de culpa a Calderón no es un simple acto de solidaridad.
Sin embargo, la bancada de UN no toma en cuenta que sus “negociaciones” podrían no rendir fruto porque Calderón violó su detención domiciliaria. Existe un informe de la oficial de Diligencias del Juzgado Tercero de Sentencia que señala que el imputado no estaba en su casa cuando se apersonó para notificarle de un actuado dentro de su proceso.
El abogado Cabrera afirmó que esto complica su situación judicial y que lo inhabilitará para retornar a sus funciones.
En tanto, la alcaldesa de la urbe alteña, Soledad Chapetón, enajenó un área de equipamiento del Gobierno Municipal de El Alto en favor del dueño de la estación de servicio Señor de Mayo, Clemente Hilari Mamani. Este hecho también afecta la credibilidad de Unidad Nacional.
La concejala Chuquimia podría ser suspendida
En instancias judiciales existe un proceso abierto contra la concejala de Unidad Nacional (UN) Janeth Chuquimia, sindicada por los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos y lesiones contra un oficial de Policía, hecho ocurrido el 25 de octubre de 2015.
Ese día, Chuquimia y el chofer asignado por el Concejo fueron sorprendidos en estado de ebriedad a bordo de una camioneta de la Alcaldía.
El auto de apertura del juicio oral fue presentado el 13 de abril de 2016 por la fiscal María Lilian Villalta Maldonado y asignado a la jueza Gladys Bacarreza Morales, del Juzgado Primero de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer, según consta el documento de radicación del proceso.
El concejal y presidente de la Comisión de Ética, Juanito Angulo, señaló que no se tiene conocimiento sobre las razones por las cuales este caso no avanza, pero que si el proceso establece la responsabilidad de la legisladora sobre los delitos que se le imputan, deberá ser suspendida de su cargo como concejal, y su suplente deberá ocupar su curul.
