Por su interés político para solucionar problemas económico-políticos que reinan en el país, así como para cumplir su objetivo de establecer en Bolivia un “nuevo orden”, dentro de un sueño mundial, el jefe de Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, remitió al Congreso el proyecto de ley 1386, el mismo que fue procesado sin tomar en cuenta a la opinión pública, lo que va en contra del sistema de democratización o socialización del tema a ser legislado.

Tan pronto el asunto empezó a ser debatido por los legisladores, el sector opositor descubrió que ese proyecto de ley contenía una cadena de medidas de diverso tipo, destinadas a afectar derechos humanos fundamentales del Soberano, lo cual originó una ola de protestas que culminaron con una movilización popular de nivel nacional, integrada por los más grandes sectores sociales productivos del país, como los gremiales, transportistas pesados, campesinos, así como de diversas ramas de la economía nacional.

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Los sectores que se sintieron afectados por esas disposiciones, que las consideraron contrarias a sus intereses, recibieron apoyo de clases sociales que también mostraron oposición a los proyectos del nuevo orden, exponiendo sus puntos de vista en grandes manifestaciones callejeras que demandaban que esas medidas no se cumplan y su derogación era imprescindible. 

Las críticas a disposiciones contenidas en la ley 1386 eran numerosas, pero una de ellas se destacaba ostensiblemente por sus alcances poco menos que dictatoriales, consistente en que se formaba una comisión independiente por encima del Estado, que se encargaría de reformar, revisar, anular, aplicar a su buen gusto y sabor y otros, desconociendo principios constitucionales en vigencia. Por sus alcances esa ley recibió el nombre de “maldita”. Y es que se pretendía crear ¡un verdadero súper Estado!, quizá peor que el del estaño.

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En efecto, el asunto no podía ser más preocupante y, entonces, en la misma medida de su gravedad, las masas salieron a las calles y sobrepasaron las fuerzas de seguridad, dejando traslucir que se repetirían los sucesos de noviembre de 2019.

Tanta fue la indignación de las fuerzas vivas del país que el presidente Luis Arce, verdaderamente atemorizado y diciendo que gobernaba escuchando al pueblo, dio un paso atrás, (aunque un poco atrasado), derogando la ley en cuestión, calmando así, siquiera en forma parcial, el incendio que amenazaba hacer arder la pradera. En esa forma, también quedó anulado el “golpe de Estado” que el mismo presidente Arce Catacora estuvo anunciando desde tiempo atrás.