Sectores afines y contrarios al Gobierno de Luis Arce se movilizaron este miércoles en algunas ciudades para lanzarse advertencias mutuas tras la abrogación de la ley 1386 que provocó una huelga parcial durante nueve días.

En El Alto, la segunda ciudad más poblada, campesinos, obreros y federaciones de vecinos leales al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) llevaron adelante un multitudinario cabildo o mitin «en defensa de la democracia» y del Gobierno de Arce.

Los movilizados repudiaron la huelga cumplida por sectores como comerciantes informales, transportistas, comités cívicos y plataformas ciudadanas al considerar que fue un intento de un nuevo «golpe de Estado» como consideran que sucedió en 2019.

Por ello decidieron pedir al Gobierno que inicie procesos judiciales contra los «subversivos y terroristas» que, a su juicio, lideraron la huelga, apuntando sobre todo al líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo.

El Alto es una de las trincheras del oficialismo, mientras que Santa Cruz, la mayor ciudad boliviana, es el principal bastión político de la oposición y fue el epicentro de las protestas recientes contra la ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo.

Comerciantes informales afines al MAS marcharon en Santa Cruz con consignas en contra de los cívicos y pidiendo que los dejen trabajar, aunque en esta jornada la situación en esa ciudad ya se había normalizado.

En Sucre marcharon sectores afines al MAS en respaldo a Arce y también otros encabezados por el Comité Interinstitucional de Chuquisaca para celebrar la abrogación de la ley 1386, aunque tomaron otra ruta para evitar encontrarse con los oficialistas.

Una reunión de sectores contrarios a la ley en Potosí resolvió mantenerse en «emergencia», aunque sin movilizaciones al menos hasta después de las fiestas de fin de año.

Los sectores agrupados en el Comité Cívico Potosinista permanecerán en alerta ante cualquier otra ley que vaya «en contra» del pueblo.

Lluvia y tensión en La Paz

La Paz se había mantenido al margen de la huelga, pero hace dos días, la Asamblea de la Paceñidad liderada por el alcalde opositor Iván Arias resolvió salir en marcha en esta jornada, una decisión que se mantuvo pese a que la ley cuestionada fue abrogada en la víspera.

Sectores como plataformas ciudadanas, comerciantes informales, juntas de vecinos y algunos funcionarios municipales, entre otros, se concentraron en tres lugares diferentes para converger todos en el centro paceño en una masiva marcha liderada por Arias en «regocijo» por la anulación de la ley.

Ni siquiera la lluvia que cayó en la tarde frenó estas movilizaciones, aunque una de ellas, la liderada por Arias, se topó en la plaza Mayor de San Francisco con un grupo de militantes del MAS y funcionarios estatales que buscaban impedir la marcha por la fuerza.

«Denuncio que grupos de choque y paramilitares del MAS me lanzaron gas pimienta al rostro a mí y a otras personas de la marcha. La Policía no hizo nada contra los violentos», publicó Arias en Twitter junto a unas fotografías suyas donde se le ve afectado por el ataque.

Los oficialistas lanzaron pintura y dispararon petardos contra el otro bando y hubo un intercambio de insultos y algunos golpes hasta que la Policía finalmente los separó.

Las movilizaciones convocadas por la Asamblea paceña lanzaban consignas como «democracia sí, dictadura no», «no me da la gana vivir en dictadura como la venezolana», mientras que los oficialistas coreaban «los golpistas no pasarán», «somos mayoría» y «Lucho no está solo».

Los leales al MAS se quedaron en una esquina con resguardo policial, mientas que la otra movilización tomó otras calles hasta unirse con las marchas que llegaron desde otros puntos de la ciudad para recorrer el centro paceño con música y bailes.

Al igual que en Potosí, La Paz hará «una pausa» en las movilizaciones hasta enero a pedido de varios sectores, pero permanecerá «en alerta» contra otras leyes que se aprueben sin consultar con la ciudadanía, según Arias.