Finalmente, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la abrogación de la polémica Ley 1386 que movilizó al país hasta obligar al presidente Luis Arce a tomar la decisión de hacerlo, y después el presidente en ejercicio, David Choquehuanca, promulgó la norma que deja sin efecto la anterior.
Y ocurrió no sin incidentes y provocaciones innecesarias en un trámite que pudo realizarse de una manera más normal y sin revanchismos que en momentos de crisis podrían evitarse.

El Movimiento Al Socialismo usó su mayoría en ambas cámaras para incorporar en las consideraciones de la ley el argumento de que se da curso a la abrogación para evitar que se deponga al gobierno.

Textualmente se dice que se abroga la Ley de Estrategia de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas “a efectos de que no existan pretextos para seguir paralizando nuestra economía y no haya forma de que grupos minoritarios, que responden a intereses particulares y extranjeros, que emplean grupos parapoliciales y paramilitares, del mismo modo en que lo hicieron durante el golpe de Estado de 2019, nuevamente pretendan deponer un Gobierno elegido en las urnas con más del 55 por ciento, valiéndose de violencia, desinformación, hambre y luto de nuestro pueblo”.

La redacción provocó nuevos desencuentros, esta vez entre legisladores del oficialismo y oposición, porque estos últimos entendieron que esos conceptos dejan la puerta abierta para que el MAS criminalice la protesta y a los ciudadanos que participaron del paro multisectorial que logró la abrogación.

La justificación habla de “grupos minoritarios que responden a intereses particulares y extranjeros, que emplean grupos parapoliciales y paramilitares”. ¿De qué se trata todo eso? Si no fuera porque la redacción es del MAS, tendría que pensarse que se refieren a las milicias que aparecieron en Las Londras, un caso del que hasta ahora no hay ni un solo detenido.

O tendría que pensarse que se refiere a los grupos de simpatizantes del MAS que recorrieron avenidas cruceñas a bordo de camionetas incautadas al narcotráfico y que estaban en custodia de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), sembrando violencia a su paso, y de los cuales tampoco hay ni un solo detenido.

Una vez más se habla de “golpe de Estado de 2019” y de supuestas intenciones de deponer al gobierno de Luis Arce.

No se puede ir muy lejos sin la verdad; la mentira tiene patas cortas, dice la expresión popular. Y eso es exactamente lo que aplica a esas trasnochadas expresiones que nacen del revanchismo del derrotado y que no favorecen al restablecimiento del clima de paz que el país necesita con urgencia.

Esas actitudes anuncian, tristemente, que en Bolivia nada cambia, que ni siquiera un dramático paro de nueve días en Santa Cruz con el resultado que ya se conoce, alcanza para hacer comprender a la fuerza política mayoritaria que el camino correcto es otro y que debiera incluir el diálogo y la búsqueda de acuerdos.

Lo ocurrido en las últimas horas en la Asamblea Legislativa es un mal augurio para los siguientes días. El partido gobernante pierde la oportunidad de demostrar que otra forma de administrar el país y sus leyes es posible, como aprendizaje de su derrota en las calles, y el país pierde la ocasión para respirar en paz y abrazar una esperanza.