La estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas, inscrita en la abrogada Ley 1386, respondía a un condicionamiento de las fuentes de crédito internacional (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, banca privada de los países centrales), un hecho que pone de manifiesto el estrechamiento de los vínculos de dominación neocolonial entre las agencias del capital financiero internacional y el Estado boliviano, dirigido por el gobierno del MAS, en un período en que el excedente del gas tiende a disminuir sensiblemente y a que, después de más de 15 años de gestión, el régimen masista no logró constituir fuentes endógenas alternativas de acumulación de capital. Toca jalar de nuevo la mano para pedir plata, aceptando condicionamientos externos.

Se trataba de una estrategia hecha a la medida de las expectativas de la “comunidad internacional”, lo que claramente aparece desde el párrafo introductorio de la ley anulada: “La Comunidad Internacional ve con preocupación la capacidad de corrosión de las actividades delictivas de la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo y de sus organizaciones criminales que operan de manera coordinada con complejidad transaccional y logística para realizar movimientos transfronterizos, aumentando así su poderío, peligrosidad y sus condiciones para expandirse y penetrar distintos sectores económicos y estratos sociales, principalmente en aquellos que por la debilidad o ausencia de mecanismos de control se tornan los más vulnerables”.

En los antecedentes de la estrategia, el documento hizo una enumeración de los sucesivos acuerdos que el Estado boliviano contrajo, en distintos gobiernos, para enmarcarse en un proyecto de persecución del lavado de dinero, dirigido por las principales potencias industriales desde fines de los años 80. Una de esas iniciativas es precisamente el GAFI (Grupo de Acción Financiera) creado en 1989 por Canadá, Francia, EEUU, Reino Unido, Alemania, Japón e Italia. Ocho meses después de su creación, el GAFI elaboró 40 recomendaciones para prevenir y combatir el lavado de dinero. Regularmente publica una lista de evaluación de países sobre el cumplimento de estas 40 recomendaciones y una lista de Estados a los que define como “no cooperantes” cuando esas recomendaciones no se aplican.

Los antecedentes de la estrategia enmarcada en la Ley 1386 refieren que en América Latina se creó el Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, constituido a semejanza del GAFI, y a cuyas 40 recomendaciones se adhiriéndose. Esas recomendaciones conforman el estándar internacional contra la legitimación de ganancias ilícitas.

El GAFI fue fundado por los países que constituyen los principales centros financieros del mundo, y que figurar en su lista de países no cooperantes con la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiación del terrorismo es un antecedente negativo para acceder a créditos externos.

Desde esta perspectiva, el objetivo de la Ley 1386 era aprobar una estrategia que se enmarque en los “estándares internacionales": las 40 recomendaciones del GAFI, o sea, de los banqueros del primer mundo para combatir el lavado de dinero, evitando el escollo de ser considerado como país “no cooperante”.

Así, esa estrategia era a la medida del neocolonialismo imperial que, retóricamente el Gobierno dice combatir hace ya 15 años.