El presidente en ejercicio, David Choquehuanca, promulgó anoche la ley que abroga la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, pocas horas después de que el senado sancionara la norma.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, hizo el anuncio y precisó que la norma 1409 es la que oficializa y que ya se encuentra disponible en la Gaceta Oficial del Estado.

Prada instó a los sectores movilizados a dejar de lado las protestas, y volver a la normalidad en el país. “Los bolivianos y bolivianas no queremos más crisis, inestabilidad; necesitamos seguir luchando contra la pandemia, que la población acuda a vacunarse”, dijo.

En medio de un intenso debate, bajo los argumentos de presuntos intentos de golpe de Estado, acusaciones de violencia racista contra miembros del partido gobernante, olvidando los grupos violentos de choque del MAS, acusaciones sobre intención de prolongar la conflictividad en diversas regiones del país, el Senado mediante voto nominal sancionó por unanimidad la ley corta de abrogación de la 1386.

La oposición dejó en claro el rechazo a la exposición de motivos, pero que apoyaban el artículo único que deja sin efecto la norma cuestionada.

Pese a que el documento de nulidad sólo contemplaba un artículo único, el debate se prolongó por muchas horas debido a que en la exposición de motivos se incorporó una serie de adjetivos y sindicaciones contra las personas que se movilizaron en demanda de la normativa cuestionada.

En los fundamentos para abrogar, el MAS refería que se procede con la abrogación debido a que “personas inescrupulosas con intereses individuales desinformaron a la población, generando zozobra y preocupación en la misma, mintiendo respecto a los objetivos reales de la ley, que lo único que pretendía era evitar el enriquecimiento de grupos dedicados al narcotráfico, trata y tráfico de personas, secuestro, extorsión, terrorismo (...), estas acciones de desinformación generaron que algunos sectores de gremiales y transportistas paralicen actividades, situación que aprovecharon algunos grupos para generar actos de violencia que dejaron dolor, llanto y luto en las familias bolivianas”.

Sin embargo, ante la presión, este párrafo se eliminó.

Este martes, el debate se trasladó al Senado, oportunidad en que los senadores del partido azul acusaron a la oposición y otros sectores en desinformar sobre la normativa, con el único fin de promover un presunto segundo golpe de Estado.

La bancada mayoritaria enfatizó que hay una “clara agenda política de quienes, manipulando la verdad, cuestionaron la ley, agenda que sólo pretende desestabilizar al Gobierno democráticamente electo” y que “a efectos de que no existan pretextos para seguir paralizando nuestra economía y no haya forma de que grupos minoritarios, que responden a intereses particulares y extranjeros, que emplean grupos parapoliciales y paramilitares, del mismo modo que hicieron durante el golpe de Estado de 2019, nuevamente pretendan deponer un Gobierno elegido en las urnas con más del 55 por ciento, valiéndose la violencia, desinformación, hambre y luto de nuestro pueblo”.

Votación

Después de todas las argumentaciones, a solicitud de la oposición el proceso de votación fue nominal, toda vez que establecieron dar constancia que la bancada minoritaria (Comunidad Ciudadana y Creemos) no estaban en contra de abrogar la normativa, pero si contra la “exposición de motivos”.

Entre los fundamentos, por parte del oficialismo señaló que se procedía con la abrogación porque no quieren más violencia en las calles.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, lamentó que con ese párrafo se intente criminalizar las medidas de protesta que se llevaron a cabo desde la semana pasada en la capital oriental, principalmente. 

 

Creemos pide abrogar otras normas

En medio del proceso de abrogación de la Ley 1386, los asambleístas de oposición mencionaron la necesidad que existe en dejar sin efecto leyes que van contra los intereses de la ciudadanía.

La bancada de Creemos en Diputados, en el marco del artículo 102 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, presentó la moción de considerar la anulación del paquete de normas para su tratamiento en la presente legislatura. 

“Bolivia tiene que saber que, si no eliminamos este paquete de leyes, vamos a estar sencillamente desprotegidos, porque este Gobierno nos quiere llevar al comunismo, al socialismo y a la confrontación”, declaró. 

Senador Rodríguez insta a sectores a suspender paro

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, sostuvo ayer que ya no existen motivos para continuar con las movilizaciones. Algunos sectores mantenían su paro hasta que se promulgue la ley que elimina la norma 1386 y se cumplan otras demandas.

“Nuestro presidente (Luis) Arce ha tomado la decisión de escuchar y tomar la decisión de abrogar, lo cual pasó a través de la Asamblea por Diputados. Diputados nos ha derivado esta mañana y hoy dispensándonos de la observancia de todo trámite de reglamento hemos llevado a cabo la sesión y aprobado este proyecto de ley 001 que abroga a la ley 1386. No habría motivo para seguir movilizados”, indicó.

Rodríguez aclaró que la exposición de motivos, en la que se menciona el intento de un segundo golpe de Estado y los afanes de desestabilización, hace referencia directamente a las declaraciones de los presidentes de los comités cívicos de Potosí y Santa Cruz, además de algunos senadores que se refirieron al cierre de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Es importante recalcar al pueblo boliviano que no se está criminalizando a las organizaciones que están en las calles, no se está criminalizando a gremialistas o transportistas, quienes están movilizados.

Si hay términos como ‘intento de segundo golpe’ o ‘la desestabilización’, es precisamente por las declaraciones fuertes y amenazantes de manera muy tácita por parte del presidente del Comité Cívico Potosinista (Juan Carlos Manuel), también del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz (Rómulo Calvo)”, subrayó.

Recomendó a las organizaciones hacer observación a algún otro proyecto de ley, de manera específica.