Luego de varios días de conflictos, ocasionados por opositores y cívicos extremistas de derecha, al fin se planteó una solución luego de que el Gobierno abrogara la norma en cuestión, el objetivo es detener el intento de un nuevo golpe camuflado en una ley que luchaba contra el ilícito financiero.

Sin embargo, como era de esperar, se planifica un nuevo panorama de tensión, pensado desde estos grupos radicales que ahora utilizan el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021–2025 para movilizar a la población, argumentando que se atentará contra las autonomías, hecho que es completamente falso.

Incluso se trata de movilizar a las universidades, indican cínicamente que se puede afectar las autonomías de estas casas de estudios superiores, cuando en realidad se busca dar mayores recursos para impulsar el desarrollo de estas instituciones, al igual que de los municipios de todo el país.

El PDES 2021-2025 se constituye en el marco estratégico del Gobierno de la Revolución Democrática Cultural rumbo al bicentenario sobre la base, además, de la Agenda Patriótica 2025, el Programa de Gobierno 2021- 2025 y las nueve cumbres para la reconstrucción económica y productiva, encuentros en los que se consensuaron medidas y acciones, en cada departamento, para mejorar las condiciones de vida de los bolivianos.

El parágrafo III del artículo 4 determina que los recursos del Presupuesto General del Estado se deben enmarcar en los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 ‘Reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones’.

El parágrafo IV indica que los recursos provenientes de la cooperación internacional se canalizarán según los lineamientos estratégicos del PDES 2021-2025.

Añade que únicamente en el caso de las entidades territoriales autónomas, los planes territoriales, de gestión territorial comunitaria, estratégicos institucionales, de empresas públicas, estrategias de desarrollo integral y otros deberán ser elaborados o adecuados al PDES 2021-2025 en un plazo máximo de 180 días calendario, computables a partir del 9 de noviembre.

Según explicó el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, esta iniciativa inyectará $us 33.000 millones de dólares en los siguientes cinco años para impulsar la reactivación económica y la producción nacional, apuntando a lograr la sustitución de importaciones, recursos que la oposición puede llegar a peligrar.

Pese a todos estos argumentos, y a la aprobación del PDES por parte de la propia Federación de Asociaciones Municipales (FAM) de Bolivia, los cívicos, los políticos de derecha y otros sectores opositores al Gobierno siguen utilizando la mentira para tratar de generar nuevamente conflictos, aun cuando existen todos los argumentos técnicos para demostrar que el plan beneficia a las regiones, pero eso es justamente lo que la oposición quiere evitar.