La reconstrucción del poder político en el país en los niveles: nacionales (presidente, vicepresidente, senadores y diputados), subnacionales (nueve gobernadores y sus asambleístas departamentales) y locales (más de 330 alcaldes y concejales), permitió una reorganización de la administración de los espacios de poder en toda Bolivia mediante el único mecanismo constitucional permitido para ello: procesos electorales.

El soberano se pronuncia para elección de autoridades mediante las urnas que es donde el momento en que deposita el voto, además, delega su “fracción” soberana nominalmente. Es decir que las autoridades electas son tales por delegación (encargo) de los electores (el pueblo), y en contra del mandato popular es desobedecer al legítimo soberano.

Entonces; qué pueblo tiene la razón: ¿el que se moviliza o el que quiere trabajar? las probabilidades de coincidencia o disidencia al respecto dependerán de qué lugar de la acera política afirmemos determinada posición. Lo que no implica que ante escenarios de conflictividad regionalizada sólo se escuche a una parte del pueblo que ejerce su derecho a la protesta vulnerando el derecho del otro pueblo que quiere ejercer su derecho a trabajar. Coincido en que a veces se tiene que perder para ganar en la política, pero con el único fin de que el gobernante atienda a todos sus gobernados, en tal sentido evitar profundizar las denominadas fracciones de “pueblos” en términos antagónicos, sí en lo plurinacional pero no en la confrontación.

La abrogación de la Ley 1386 es un hecho. Si la consecuencia aún pervive hoy con la politización del “paquetazo” o de los 2/3 es incurrir en una nueva irresponsabilidad política cuando los recursos jurídicos activados al respecto ya fueron de conocimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional. Los autos constitucionales Nº 249 y Nº 250 ambos de la gestión 2020, resolvieron rechazar las acciones de inconstitucionalidad abstracta planteadas. Estas acciones tienen la finalidad de ejercer el control de constitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales; o lo que es igual toda norma no judicial que contravenga el mandato de la CPE, es decir que no plantearon idónea y jurídicamente el camino debido cuando la activación debió ser el recurso contra resoluciones del órgano legislativo (Art. 139 CPCo), sin embargo de ello los legisladores están facultados para modificar sus reglamentos administrativo-legislativos porque están en el ejercicio constitucional de sus atribuciones resguardadas por la Constitución. Finalmente, el art 163.4 de la CPE dispone en el procedimiento legislativo que los proyectos de ley serán aprobados (en grande y detalle) por mayoría absoluta de los miembros presentes, no así por dos tercios. Si se quiere modificar esta disposición parcialmente se requiere de un referéndum si requieren modificar toda la Constitución es vía Asamblea Constituyente. Superamos la crisis política mediante las urnas y toda solución debe plantearse sólo por las vías democráticas.(Israel Adrián Quino Romero es abogado y Periodista)