Por razones prácticas la democracia adoptada en la mayor parte de los países del mundo es representativa, es decir, los ciudadanos ejercen su derecho a opinar, criticar y sugerir leyes y normas a través de sus representantes en los poderes legislativo, ejecutivo y en las instancias de decisión regionales. Una primera deformación a este esquema es la de pensar que los representantes tienen carta blanca para actuar a su libre albedrío sin tener que responder a sus representados, pero esta obligación para que sea efectiva y práctica requiere de una cierta institucionalidad.

La democracia representativa es un sistema de filtros en pirámide con base ancha, con discusiones en diferentes instancias hasta llegar a precisar una o varias sugerencias para el desarrollo del país. En la creación de esta institucionalidad son importantes los partidos políticos y las instancias territoriales. Entre las funciones de los partidos políticos están: 1) La elaboración y de análisis de propuestas para resolver problemas nacionales, 2) Fiscalizar la gestión de gobierno, 3) Sugerir personas para el ejercicio de la función pública sobre la base de una selección previa de candidatos, 4) Asumir la responsabilidad de los actos (buenos o malos) de las personas que han propuesto para el ejercicio de la función pública. El funcionamiento de las instituciones públicas depende en gran medida de la calidad del partido político que se encuentre en función de gobierno. La política juega un papel importante en la asignación de recursos humanos y materiales (inversión), en el tamaño y la distribución de los servicios del Estado, en la creación y funcionamiento de las instituciones y en la estructuración de procesos de consenso.

Luego, sin partidos que reúnan los atributos anteriormente mencionados, es difícil imaginar tener instituciones públicas, en particular, un gobierno, de buena calidad. En países de débil desarrollo como Bolivia, la calidad del gobierno cuenta muchísimo en sus oportunidades de desarrollo.

En una democracia, las leyes son elaboradas, discutidas y aprobadas por el Parlamento. Cada representante nacional consulta con sus electores sobre la posición que debe tomar, ello requiere, como parte de la organización partidaria, que haya una cierta institucionalidad para las consultas, ello evita que los representantes nacionales actúen simplemente a su arbitrio.

La discusión de las leyes en las calles es ineficiente y deja la mala impresión de desorden y de una cierta desestabilización del poder ejecutivo con repercusiones en las decisiones de inversión del sector privado. Así, en la actualidad, será muy difícil aumentar la inversión en este sector lo que repercutirá en el crecimiento económico.

El funcionamiento eficiente de la democracia boliviana requiere, como primer paso, la creación de partidos políticos cuya inexistencia es preocupante. Las agrupaciones deben organizarse como partidos, con interlocutores representativos e instancias de responsabilidad partidaria. Los partidos políticos deberán prever instancias y mecanismos de consulta democrática para que sus resultados puedan ser llevados al debate nacional y, sobre todo, a los poderes legislativo y ejecutivo. Actualmente, el gobierno no tiene interlocutores en la oposición con quienes sentarse para dialogar y convenir, solo se enfrenta a cientos o miles que protestan por su cuenta, cada uno con su propia narrativa. Así, no se puede avanzar.

Es también necesario hacer algunos cambios institucionales en la gestión del poder ejecutivo dando espacio a la participación de las regiones en las decisiones económicas fundamentales, como, por ejemplo, de inversión pública o de complementación con la actividad privada. Para ello, sugiero el restablecimiento del Consejo Nacional de Planificación (CONEPLAN), como órgano de coordinación, bajo la presidencia del ministro de planificación y la participación de representantes de todos los departamentos de Bolivia

En la actual coyuntura política, que puede ser calificada como delicada, urge llevar al debate algunos de los temas tratados en este artículo, como la necesidad de tener partidos políticos, en el rol del parlamento como espacio de discusión democrática de las leyes y la participación de las regiones en las decisiones nacionales que conciernen a la economía.