El presidente Luis Arce resolvió el sábado abrogar la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, y este martes promulgó  la norma para ello. Luego de seis días de paro nacional y con un clima de mucha tensión y violencia en varias regiones del país, el mandatario decidió –por segunda vez en un mes– dar pie atrás en un precepto aprobado por su gestión. Su pedido (y el de las organizaciones sociales afines al MAS que se presentaron junto a él para hacer el anuncio el sábado pasado) es que se levante el paro de inmediato y se deje de afectar la economía nacional.

Sin embargo, el pie de lucha continúa para algunos sectores: hay casi una decena de leyes que están siendo rechazadas y se reclama también que se devuelva la vigencia de los dos tercios para aprobación de normas en el Legislativo; todo, en medio de excesos como las amenazas de “tumbar al gobierno” proferidas por el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo; o las de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (Csutcb), cuyos dirigentes amenazaron con desbloquear con sus propias manos; o las del vicepresidente David Choquehuanca, quien ha dejado en el olvido sus mensajes de reconciliación, al llamar al “levantamiento” y apelar a la “ira del inca” para defender al gobierno.

¿Qué ha pasado para que un gobierno elegido por el 55%  de los votos se encuentre acosado por tantos conflictos? Es bueno hacer esa reflexión, pues –a pesar de que no faltan los ánimos exaltados que creen que éste es un periodo similar al que se vivió en 2019 con las protestas de “las pititas” contra la re reelección y las denuncias de fraude electoral– estamos en un momento muy distinto, con un gobierno que ganó ampliamente una elección y que acaba su primer año de gestión. Sin embargo, esta legitimidad electoral ha sido muy mal gestionada por el propio Gobierno, perdiendo batallas –una tras otra– que no sólo lo debilitan, sino que han alimentado el resurgimiento de discursos y posiciones extremas, como las comentadas.

Y es que, como se ha reiterado muchas veces, Arce apostó primero por la confrontación en el discurso y en los actos, por la voluntad de aniquilar a sus enemigos e imponer una narrativa de golpe de Estado que no ha calado; y segundo, por eliminar la deliberación parlamentaria, acabando con el principio de los dos tercios para la aprobación de normas, y, hace unos días, avasallando con la cooptación de diputados disidentes para quitar representatividad parlamentaria a la oposición.

Todas estas medidas pueden ser una demostración de poder para un mandatario que entró con mayoría absoluta al poder, pero que al no saber respetar los balances y dar espacio al diálogo democrático ha terminado perdiendo una y otra vez, y arriesgando abiertamente el apoyo a su gobierno.

En un año de gestión, el gobierno de Luis Arce dio al menos cinco pasos atrás en temas clave después de conflictos, presión y descontento. El Ejecutivo retrocedió con el proyecto de ley antilegitimación, el impuesto a los servicios digitales, la reanudación “piloto” del ferrocarril La Paz-Arica,  la suspensión temporal de la exportación de carne y la fecha del censo de población.

Lo sucedido en estos días: la forma en que rápidamente escaló el conflicto, la presión dentro del mismo MAS para abrogar una ley que ni siquiera había sido adecuadamente socializada ni entendida y la renuencia actual de los cívicos a desmovilizarse hasta que  se derogue todo un paquete de leyes y se devuelvan los dos tercios al Parlamento es una muestra de que gobernar verticalmente, sin acuerdos mínimos, es más un perjuicio que una ganancia. La arrogancia y avasallamiento del Ejecutivo para imponer leyes no consensuadas y del Legislativo para querer ignorar la deliberación con la oposición han tenido, como se ve, un resultado negativo.

Y no es señal de que la oposición se haya fortalecido o de que tenga una propuesta alternativa que haga la diferencia, es simplemente una evidencia de que el diálogo es imperativo no sólo para avanzar, sino preservar la gobernabilidad y la legitimidad democráticas.