La Asamblea de la Paceñidad convocó para este miércoles a una  “gran marcha” en demanda de la abrogación de la Ley 1386, la restitución de los dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional y la anulación de otras normas inconsultas como la de desarrollo económico y social.

De la reunión emanó un documento que exige al presidente Luis Arce Catacora la inmediata abrogación de la Ley N° 1386 de 16 de agosto de 2021, de Estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo, por ser abiertamente atentatoria a las libertades y la propiedad privada de los bolivianos.

También demanda la restitución de los dos tercios (2/3) en la Asamblea Legislativa, como garantía democrática que permita al país leyes de consenso y no “arbitrarias imposiciones de un gobierno dictatorial”.

Pide abrogar las leyes inconsultas promulgadas por el Gobierno Nacional, que conforman “un paquete de persecución política contra la población en general y atentatoria de la libertad y propiedad privada de los paceños y bolivianos”. Estas leyes son las siguientes: Ley 1398 de Registro de Comercio; Ley 1390 de Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción; Ley 1387 Ley de carrera de generales y de ascensos de la Policía Boliviana; Ley 1359 de Emergencia Sanitaria; Ley 342 que aprueba el Plan de desarrollo económico social 2021-2025; Ley 1405 de estadísticas oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia.

También se rechaza categóricamente “el empleo de la violencia por parte de paramilitares apoyados por el Gobierno a través de la Policía Boliviana, que han amedrentado y atacado cruelmente a la población en vehículos incautados al narcotráfico”.

Censura “la persecución política del Gobierno del MAS, que tiene a varias exautoridades nacionales detenidas irregularmente en las cárceles del país, sin el debido proceso y sin ninguna sentencia en su contra”.

Exigió que se realicen los juicios que correspondan en libertad y respetando el derecho irrestricto a la defensa y al debido proceso; basta de abusar de la detención preventiva como una forma de venganza política”, demanda.