Hasta que la Asamblea Legislativa no abrogue de forma oficial la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y los gremiales no levantarán sus medidas de presión.

El presidente del Comcipo, Juan Carlos Manuel, informó ayer que el Consejo Consultivo analizará las determinaciones que asumirán respecto a las medias de presión. Sin embargo, adelantó que continuarán con el paro hasta que la Asamblea Legislativa anule la norma de manera oficial.

“Nosotros seguimos en movilización, esperamos de forma oficial la abrogación de la Ley 1386, no vamos a levantar aún las movilizaciones, mientras no ocurra esta situación estaremos analizando lo que vaya a ocurrir”, explicó a la red Unitel.

Por su parte, el secretario ejecutivo de los Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, dijo que están a la espera de que la Asamblea Legislativa convoque a una sesión para debatir el proyecto de ley de abrogación de la norma.

A la vez manifestó que existe la susceptibilidad de que una vez levantadas las medidas de protestas, el Gobierno no cumpla con su palabra de anular la norma.

«Los gremiales de Cochabamba han determinado que no levantarán sus medidas de presión. La Confederación a nivel nacional  sostendrá una reunión el día de mañana en La Paz, donde emitiremos un pronunciamiento oficial, la desconfianza es que nosotroa levantemos el paro y no se concrete la anulación de la norma», sostuvo el dirigente.

El presidente Luis Arce anunció el sábado que, mediante una reunión con los sectores afines al MAS, se determinó abrogar la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y envío el proyecto de ley para que sea tratado en la Asamblea Legislativa.

PLAZO

Tras un ampliado, el Transporte Federado de Cochabamba declaró un cuarto intermedio y dio un plazo de 72 horas para oficializar la abrogación de la Ley 1386. Caso contrario, advierten con retomar las movilización en contra de la norma.

«El transporte sindicalizado mantiene su estado de emergencia y otorga un plazo de 72 horas al Gobierno Nacional, principalmente a la Asamblea Legislativa para que pueda abrogar (la norma) tal cual ha pedido el presidente», informó el ejecutivo de esa organización, José Orellana.