Una de las razones por las que los gobernados acatan las decisiones de sus gobernantes, y también los eligen, es la confianza. La otra es la amenaza. Ambas son los elementos esenciales de lo que se llama fenómeno de autoridad: se obedece al gobierno porque se confía en que sus medidas son lo mejor para el bien de la colectividad y porque se teme el castigo a la desobediencia.

En cualquier democracia, ambos factores están equilibrados: hay confianza en el gobierno y se le obedece también por temor a las sanciones que impone la ley en caso de desacato. Y cualquier gobierno democrático valora en el mismo grado la confianza de la ciudadanía y la aplicación rigurosa de las leyes, que se conciben en función de esa confianza.

Eso no ocurre en Bolivia. Aquí, la confianza de la ciudadanía no tiene importancia alguna para el gobierno ni para el partido oficialista. Y en cuanto a las leyes...

La prueba de ello es la franca contradicción entre las declaraciones del presidente del Estado y las del líder absoluto del MAS respecto de la Ley 1386, y la exposición de los motivos de la norma que abroga la cuestionada medida.

“Evidentemente, (en la Ley 1386) hay factores que estaban afectando o inquietando a ciertos sectores sociales, como transporte, gremiales”, dijo el presidente Luis Arce, el sábado al anunciar la decisión oficialista de abrogarla.

Y al día siguiente, su jefe declaraba que “hay que reconocer que nadie conocía anexos de la Ley 1386. Algunos transportistas me llamaron y me explicaron ‘está así, compañero Evo’. No sé si los técnicos hicieron mal, no sé si será un error voluntario. Evidentemente, afectaba a algunos sectores de la economía informal”.

Pero resulta que el texto de la ley que abroga la 1386 señala como uno de sus motivos es que “por la desinformación generada intencionalmente, hay aspectos que inquietan a algunos sectores de transportistas y gremiales”.

Y agrega que “hay una clara agenda política de quienes, manipulando la verdad, cuestionaron la ley, agenda que solo pretende desestabilizar al Gobierno democráticamente electo por la mayoría del pueblo boliviano”.

Esa contradicción y ese afán inocultable de recuperar cualquier acto para su propaganda ideológico-partidaria y su empeño de imponer el embuste del “golpe de Estado”, al que el texto mencionado también hace referencia, evidencian que al oficialismo no le importa la confianza de la ciudadanía.

Así, es claro que el Gobierno apuesta a ejercer su autoridad recurriendo de manera exclusiva a la amenaza, es decir a la fuerza.

Los días de paro obedecieron, precisamente, al repudio de esa opción para gobernar. Una opción que definitivamente utiliza los mecanismos formales de la democracia formal para imponer una política antidemocrática, y eso es mala fe.