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Medio: Opinión
Fecha de la publicación: martes 16 de noviembre de 2021
Categoría: Conflictos sociales
Subcategoría: Marchas, bloqueos, paros y otros
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División y violencia se apoderaron ayer de La Paz, durante la Asamblea
de la Paceñidad que determinó sumarse al paro multisectorial y llamó a una
marcha para mañana miércoles a las 16:00 horas por la abrogación de la ley 1386
y del “paquete de leyes”, además de la restitución de los dos tercios en la
Asamblea.
Mientras se realizaba la Asamblea, en puertas de la Alcaldía hubo
amagues de enfrentamiento entre quienes apoyaban y se oponían a la reunión. La
Policía hizo uso de gases lacrimógenos para evitar que la violencia incremente.
En su resolución, también censuraron la persecución política a
autoridades nacionales y se declararon en estado de emergencia y movilización
permanente, reportó Urgente.bo.
Según el alcalde de La Paz, Iván Arias, la norma de estrategia contra
la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo es
“abiertamente atentatoria a las libertades y la propiedad privada de los
bolivianos”.
A su vez, sobre los dos tercios, justificó que es una “garantía
democrática que permite al país leyes de consenso y no arbitrarias imposiciones
de un gobierno dictatorial”.
PAQUETE DE LEYES
Como tercer punto estuvo la abrogación de las leyes inconsultas,
promulgadas por el Gobierno, que conforman un “paquete de persecución política
contra la población en general y atentatoria de la libertad y propiedad privada
de los paceños y bolivianos”.
Se refirió a seis leyes: la 1398 de Registro de Comercio; 1390 de
Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción; 1387 de carrera de
generales y de ascensos de la Policía Boliviana; 1359 de Emergencia Sanitaria;
342 que aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025; y 1405 de
Estadísticas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia.
El Gobierno desmiente a la oposición y dice que hay falsedades en el
llamado “paquete de leyes”, que es objeto de que el paro y la movilización por
parte de los sectores se mantenga.
El líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, explicó que seis son
las normas observadas y fue reiterado en la Asamblea de la Paceñidad.
Según el Ejecutivo, citado por Urgente.bo, es falso que la Ley 1398
facilite al Estado un acceso directo e irrestricto a la información sobre
actividades de comercio y que no se renueva el contrato de concesión de
Fundaempresa.
También, la oposición cuestiona la Ley 1390 por la existencia de
colaboración para combatir la corrupción y no se menciona que este mecanismo de
indagación corresponde a los estándares más altos de la normativa internacional
en esta temática.
Sobre la Ley de Emergencia Sanitaria, explicaron que el Consejo
Nacional que se crea es una instancia de coordinación con las instituciones
mencionadas y la ‘cláusula de confidencialidad’ que observan es un requisito
mundial de las empresas fabricantes de vacunas, por ejemplo.
Con relación al proyecto de Ley 342 se aclara que varios de sus
lineamientos corresponden a la Ley 777 del Sistema de Planificación Integral
del Estado vigente desde 2016 y por tanto no incorpora ninguna regulación que
atente contra la autonomía, reconocida en la Constitución.
La Ley 1405, según el Gobierno, “servirá para un manejo adecuado y
sistematizado de los datos a nivel nacional, departamental, regional y
municipal, al contrario de lo que argumenta la oposición política”.
OTRAS
RESOLUCIONES
En otro de los puntos, expresó el rechazo al empleo de la violencia
“por parte de paramilitares apoyados por el Gobierno a través de la Policía
Bolivia, que han amedrentado y atacado cruelmente a la población en vehículos
incautados al narcotráfico”.
Por otro lado, censuró la “persecución política del Gobierno del MAS,
que tiene a varias ex autoridades nacionales detenidas irregularmente en las
cárceles del país, sin el debido proceso y sin ninguna sentencia en su contra”.
“Consecuentemente, exigir que se realicen los juicios que correspondan
en libertad y respetando el derecho irrestricto a la defensa y al debido proceso.
Basta de abusar de la detención preventiva como una forma de venganza
política”, se lee.
Finalmente está la creación de un “Cuerpo de Notables” para el análisis
de las normas.