El Movimiento al Socialismo (MAS) en Tarija no quiso quedar indiferente con las movilizaciones que se han desarrollado en el departamento contra la Ley 1386, las mismas quedaron suspendidas, y por ello realizó una marcha denominada “por la paz y la democracia”.

La convocatoria reunió a organizaciones sociales, como la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija, la Federación de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa”, la Central Obrera Departamental (COD), militantes del MAS de la capital y las provincias, y seguramente los cuatro mil funcionarios, de las 75 unidades estatales descentralizadas, que anunció el pasado viernes el director de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Marcelo Poma.

Fue Poma quien este lunes dijo que la marcha era para “decirle a la derecha que no vamos a permitir un nuevo golpe”.

Miguel Gallardo, dirigente de sector campesino, lamentó que las leyes 1386 y 1407, entre otras, se hayan utilizado como instrumento, por los cívicos, para movilizar a los ciudadanos.

Según Gallardo, fueron las organizaciones sociales las que pidieron al presidente Luis Arce reconsiderar la Ley 1386, lo que dio paso a la abrogación.

Los dirigentes del MAS calculan que unas 6.000 personas participaron de la marcha que salió del Mercado Campesino y llegó hasta la plaza Luis de Fuentes, donde concluyó con la entonación del Himno Nacional.

Al finalizar, el ejecutivo del MAS, Carlos Acosta, quien ha sido cuestionado por las bases por las decisiones que tomó durante la semana de paro cívico, advirtió que las organizaciones sociales se mantendrán alertas, en caso de que los cívicos quieran retomar los bloqueos.

Autoridades advierten persecución judicial

Tanto el gobernador del departamento de Tarija, Oscar Montes Barzón, como el alcalde de la capital, Johnny Torres Terzo, advierten una persecución judicial, luego de que ambos, además del presidente del Comité Cívico, Adrián Ávila, fueran denunciados por la Federación de Campesinos, por sedición.

“Esta denuncia es una persecución en contra del pueblo tarijeño, personalizada en nosotros como autoridades de Tarija, sabíamos que esto iba a ocurrir, si pedir diálogo es considerado como sedición, yo que soy abogado tendré que aprender que pedir diálogo en Bolivia es sinónimo de sedición, pero bueno todo sacrificio por Tarija vale la pena”, dijo Torres Terzo.

De igual manera, la autoridad demostró su asombro por la inmediatez en la que el Ministerio Público actuó con relación a este caso, en el que autoridades y responsables de instituciones fueron denunciados por sedición. Recomendó a las autoridades judiciales actuar con la misma inmediatez en favor de las personas humildes, que para que se les haga justicia deben esperar y “peregrinar” por años.

Sobre el mismo tema se pronunció el Gobernador, quien pidió al Ministerio Público no judicializar el movimiento cívico que convocó un paro general en contra de la Ley 1386, al tratarse de una medida legitima en contra de una normativa anticonstitucional y que atenta contra la libertad individual de los ciudadanos.

“El propio gobierno reconoció, al abrogar la ley, que no tenía el respaldo del pueblo que le da legitimidad, el propio expresidente Morales reconoció que muchos artículos de esa ley perjudicaban y podría afectar al patrimonio de los bolivianos. El hecho de que el gobierno retirara esa ley es una muestra de que el movimiento cívico tenía razón”, mencionó.