En medio de observaciones y tras una extensa discusión, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este martes un proyecto de ley que abroga la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo. La norma fue remitida al Senado para su tratamiento.

Antes de su aprobación, fue analizada por la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral que elaboró un informe del proyecto de abrogación de la polémica norma y luego fue tratado en el pleno. 

“Se abroga la Ley 1386 de 16 de agosto de 2021 Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo”, se lee el artículo único del proyecto de ley.

Sin embargo, la oposición observó que en la Exposición de Motivos del proyecto de ley se haya incluido aspectos que buscan “criminalizar” y desvirtuar las recientes movilizaciones que comenzaron el 8 de noviembre.

“Los últimos días, personas inescrupulosas con intereses individuales desinformaron a la población, generando zozobra y preocupación en la misma, mintiendo respecto a los objetivo reales de la ley, que lo único que pretendía era evitar el enriquecimiento ilícitos de grupos dedicados, al narcotráfico, trata y tráfico de personas, secuestro, extorsión, terrorismo, entre otro, estas acciones de desinformación generaron que algunos sectores de gremiales y transportistas paralicen actividades, situación que aprovecharon algunos grupos para generar actos de violencia que dejaron dolor, llanto y luto en las familias bolivianas”, señalaba el párrafo.

Tras una extensa discusión entre legisladores del oficialismo y oposición, se logró eliminar el polémico párrafo y posteriormente, se aprobó el documento que ahora será analizado en el Senado.   

La Ley 1386 fue motivo de una serie de movilizaciones y un paro indefinido impulsados por gremiales, transportistas, entre otros sectores, en demanda de su abrogación ya que consideraban que “atentaba” contra ellos y la ciudadanía.

La decisión de abrogar fue anunciada por el presidente Luis Arce el fin de semana con el objetivo de que se puedan frenar las protestas y que se retomen las actividades de la ciudadanía que fue afectada por las jornadas de paro y bloqueos, principalmente en Santa Cruz, Potosí, Cochabamba y Tarija y Sucre.

Los cívicos se sumaron a la demanda de los sectores e incluyeron otras demandas que, ahora exigen, que deben ser abrogadas, además de la restitución de los 2/3 en todas las decisiones del plenario del Legislativo.