El control del Legislativo y el Poder Judicial es parte de la historia constitutiva de la democracia boliviana, seguramente acentuada en  los últimos años; la corrupción se ha multiplicado y expandido como un cáncer; las  acciones ilícitas son planificadas  a la luz del día y a veces en  la cúspide del poder. Y cada vez la relación con los grupos delincuenciales ya sean del narcotráfico o bandas criminales se develan con mayor intensidad.

Desde la cúspide del poder se dan señales que los tiempos de cambio deben estar relacionados con la suntuosidad y la ostentación, donde el regalar fondos del Estado como si fueran propios es parte de las giras  diarias del presidente. Usar helicópteros y aviones, o construir palacios con jacuzzi, saunas y sala de masajes parecen mostrar la modernidad como lo dijo un curita bienaventurado. Y claro, los  ministros -cada uno por su lado-  están haciendo  construir su propio  palacete, muy por encima de las necesidades de la gestión pública y la atención al ciudadano. Y seguramente atados a la comisión de por lo menos el  diez por ciento.

La corrupción grita de callada en  casi  todos los contratos por invitación directa que hace el Estado. Lo más grave es que en algunos casos ya no tienen el cuidado de no inmiscuir a la primera autoridad del Estado, como han sido la contratación por 10 millones de bolivianos para los fuegos artificiales en la inauguración y clausura de los Juegos Sudamericanos. Una breve narración de los hechos, devela el misterio.

En diciembre del 2017 el presidente se reunió por lo menos con dos empresas. La de Groux y la de unos segundones. Mostraron se supone el proyecto para inaugurar y clausurar los Juegos de Odesur. No se conocen los términos de referencia. A  la empresa de Groux (exministro de
Estado y hombre de confianza del régimen) se le adjudicó el contrato por los 10 millones. A la segunda, para evitar la filtración, le adjudicaron un proyecto más pequeño.

El presidente de la República nunca ha explicado qué hacía en esa reunión y cuál fue su recomendación después de escuchar la exposición de los proponentes. Que hacía sustituyendo a los funcionarios, se supone que especializados y contratados para esa tarea (o no existe manual de funciones? ¿y ley Marcelo Quiroga?). La misma suerte, contratos directos, entre gallos y medianoche, corrieron la mayoría de las compras millonarias para los juegos de Odesur.

Un hecho más grave ha sucedido hace unos días. El temido Oti, las autoridades lo acusaron de ser jefe de los mafiosos en Palmasola, fue asesinado en Chonchocoro. Lo grave es que a las pocas horas del suceso, el cuñado de Oti dice que recibió una llamada del abogado del ministerio de Gobierno para primero decirle que no ventile los trapos sucios en público que se lavan en casa para después ingresar en una agria discusión que fue grabada y filtrada a los medios. Se habla de negocios turbios donde se involucra al presidente, al ministro de Gobierno y a otras autoridades. Una conversación de ese calibre, debe llevarnos a preguntar si es verdad o mentira, y en segundo lugar, ¿a quién le interesa que esa información se filtre?

Si la información tiene algo de verdad es muy grave y nos resistimos a creer, y si es falsa y montaje de los enemigos del ministro de Gobierno -que solamente pueden ser autoridades con mucho poder dentro del propio gobierno- refleja el nivel que ha llegado la pugna en las altas esferas palaciegas. Sin embargo existe por lo menos una pregunta que debe ser respondida. ¿Quién ordenó al abogado del ministerio de Gobierno llamar al cuñado de Oti?

Si hacemos un repaso de los sucesos de narcotráfico, corrupción, asesinatos donde de una u otra manera están involucrados policías, jueces, políticos y autoridades de gobierno nos cabe preguntar si si ya estamos transitando a un Estado delincuencial.