En medio de incidentes, la Asamblea de la Paceñidad resolvió este lunes declararse en movilización “permanente” y convocar el 17 de noviembre a una marcha de protesta para demandar al presidente Luis Arce la abrogación de al menos seis leyes y además, la restitución de los 2/3 en los debates del Legislativo.

Las decisiones fueron asumidas mientras que fuera del Palacio Consistorial ocurrían incidentes entre dos grupos, uno a favor y otro en contra del encuentro convocado por el alcalde de La Paz, Iván Arias. La Policía tuvo que intervenir y hacer uso de agentes químicos para evitar hechos de violencia.

El primer punto aprobado en el encuentro fue el realizar una marcha de “todos los sectores de la paceñidad” el próximo miércoles 17 de noviembre a partir de las 16:00. La movilización tiene por objetivo demandar la abrogación de la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.

Según el documento, leído por Arias, la norma es “abiertamente atentatoria a las libertades y la propiedad privada de los bolivianos”.

Se demandó además abrogación de la Ley 1398 de Registro de Comercio, Ley 1390 de Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción, Ley 1387 Ley de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana, Ley 1359 de Emergencia Sanitaria, Ley que aprueba el Plan de Desarrollo Económico Social 2021-2025 y la Ley 1405 de Estadísticas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia.

Otra de las demandas de la Asamblea de la Paceñidad es la restitución de los 2/3 en la Asamblea Legislativa, “como señal democrática que permita al país leyes de consenso y no imposiciones”.

También se aprobó declarar el estado de emergencia y “movilización permanente, hasta el cumplimiento de todas las exigencias formuladas por la Asamblea de la Paceñidad al gobierno del presidente Luis Arce Catacora”.

No se descartó que los representantes de la Asamblea de la Paceñidad puedan adoptar otras medidas que se requieran para fortalecer las exigencias aprobadas como “bloqueos, paros y, de ser necesario, la realización de un cabildo de la paceñidad”.

El fin de semana y tras una semana de paro cívico, el Gobierno anunció la abrogación de la Ley 1386, que motivó a gremiales y otros sectores a iniciar movilizaciones.

Sin embargo, el movimiento cívico instó a que se mantengan las protestas y el paro para demandar justamente varias leyes que consideran fueron “inconsultas” e "impuestas".