Nuevamente en estos días vivimos momentos de tensión social como en la gestión 2019, provocados por una Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo; que no fue consensuado con las organizaciones sociales y fundamentalmente con el pueblo. Constantemente el Órgano Legislativo, compuesto por “honorables” diputados y senadores, aprueba leyes sin premeditar previamente sobre sus efectos negativos o positivos, que pueden causar en la colectividad social. Parece que los asesores políticos y jurídicos de los legisladores tienen la tarea de generar conflictos al pueblo, por cualquier tema intrascendente.

Recordemos a los legisladores que, en la escala jerárquica de normas reconocidas por la Constitución Política del Estado, existen leyes vigentes que describen efectivamente para fiscalizar y controlar fortunas mal habidas, conocidas como ganancias ilícitas. Entre las leyes que se puede aplicar a las acciones ilícitas de acumulación de fortunas, está la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) y Ley 1008.

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En la Ley 004 se describe el delito de “enriquecimiento ilícito”, cuando en su artículo 27 expresa: “La servidora pública o servidor público, que hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos y que no puede ser justificado, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o cargos electos…”. Esta norma impone sanciones, quizás muy tibias de hasta 10 años para los infractores. Pero a los que acumulan ilícitamente fortunas los inhabilita para ejercer funciones públicas dentro del Estado.

En el artículo 28 de la Ley de lucha contra la corrupción, se habla de personas particulares, que no tienen relación con el Estado, determinando: “La persona natural que mediante actividad privada hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situación… (sufrirá) decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente”. Decomiso significa devolver lo ilegalmente ganado a costa del Estado, perder todo bien obtenido al margen de las leyes.

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En la Ley SAFCO, artículo 31, se establece concretamente: “La responsabilidad civil es cuando la acción u omisión del servidor público o de las personas naturales o jurídicas privadas cause daño al Estado, valuable en dinero”. Además, en el inciso b) del señalado artículo, argumenta: “Incurrirán en responsabilidad civil las personas naturales o jurídicas que, no siendo servidores públicos, se beneficiaren indebidamente con recursos públicos o fueren causantes de daño al patrimonio del Estado y de sus entidades”. Y en el artículo 34 se define: “La responsabilidad es penal cuando la acción u omisión del servidor público y de los particulares, se encuentra tipificado en el Código Penal”.

Entonces: “para buen entendedor, pocas palabras”; quedando demostrado con estos antecedentes que existen normas y procedimientos jurídico legales para fiscalizar, controlar e imponer sanciones a los servidores públicos y personas particulares que acumulen ganancias ilícitamente. Incluso estas normas pueden servir para investigar a los “ricos”, esencialmente políticos que, ejerciendo cargos públicos, amasaron fortunas a costa del Estado, sacrificando el salario de los trabajadores. Lo que falta es generar procesos jurídicos de investigación civil y penal, valentía para enfrentar a los poderosos.

Ahora, ¿Cómo se puede acumular fortuna o ganar dinero?, existe una sola posibilidad, trabajando honradamente, obteniéndose de inversiones y gastos innecesarios, invirtiendo en emprendimientos productivos de carácter empresarial. En suma, trabajando lícitamente…