El vicepresidente Choquehuanca en un discurso público dijo que “todo tiene un límite, que no despierten la ira del inca. Cuando el ‘pueblo’ se levanta, no hay quien nos pare y nosotros vamos a levantarnos para defender la democracia, para defender nuestros recursos naturales…, seremos fieles a nuestro proceso de cambio y para eso tenemos que despertar…, utilizaremos todos los recursos para hacer respetar la democracia”.

Más allá de todas las confusiones que puede generar el término “pueblo”, queda claro que quien lo utiliza tiene una idea definida de quiénes hacen parte del “pueblo” y quiénes no pueden incluirse en él, y, además, qué entiende cada cual por democracia. Cuando Choquehuanca arengaba a sus leales y les decía “nosotros vamos a defender la democracia”, de hecho, decía lo mismo que argumentaban “los otros”. Ambos resultan defensores de lo mismo que los enfrenta; la democracia.

La diferencia reside en que el origen de las percepciones en ambos grupos es diferente. El concepto de “pueblo” y de democracia utilizado por el MAS proviene del “campo popular”. Este concepto, hasta no hace mucho, evocaba al “pueblo” compuesto por los estratos menos aventajados de la sociedad boliviana. Los pobres, los desvalidos y los olvidados de siempre entre los que se identificaban en primera línea los campesinos e indígenas, de ahí que el “pueblo” del MAS es fundamentalmente indígena.

El concepto que maneja la oposición se nutre en cambio del “campo ciudadano” localizado básicamente en áreas urbanas. Lo componen también un amplio contingente de pobres y clases medias empobrecidas, la nueva burguesía nacional y otros segmentos sociales que no se distinguen por un marcador étnico o racial. El resultado de estas diferencias deriva en que las pugnas por el poder, la defensa de preceptos constitucionales, los derechos humanos y los derechos ciudadanos son comprendidos de manera diferente por cada uno de los protagonistas.

Lo que ha puesto en evidencia el actual conflicto a propósito de la Ley 1368 y otras disposiciones de corte totalitario, no sólo expresa las divergencias ideológicas entre el “nosotros” del MAS y los “otros” de la sociedad urbana y mestiza expresada por la actual oposición, pone en discusión dos imágenes de sociedad; una centrada en conceptos fuertemente marcados por  esquemas que apelan a los criterios de raza y etnia, porque es allí donde radica la fuerza de un discurso a favor de los pobres, y otro que se nutre de las percepciones de las clases medias mestizo-criollas urbanas, porque es allí donde radica la fuerza de un discurso de corte democrático y liberal.

El conflicto va mucho más allá de los contenidos jurídicos y de las disposiciones que el gobierno pretende aprobar. Trasciende los argumentos meramente jurídicos y plantea dos modelos de Estado y sociedad abismalmente diferentes; uno de corte socialista (bajo los cánones de un socialismo racializado) y otro de corte democrático y liberal (bajo los cánones del capitalismo globalmente victorioso).

Para los ideólogos del MAS, enfrentar el mundo rural y el mundo urbano es garantía de un éxito seguro basado en la certeza de que numéricamente son más. La realidad muestra que no son más, son un poquito más de la mitad, a lo que se añade que estos conflictos no se resuelven basados en la aritmética demográfica, se resuelven en la esfera de la conciencia democrática de la sociedad y hoy lo que vemos en las calles, tanto como lo que vimos en la crisis de 2019, es que más allá de las proporciones demográficas y las tipologías étnicas, la conciencia democrática de rurales y urbanos es un frente muy difícil de vencer. Bueno sería que el gobierno de Morales-Arce no se equivoque, porque errores de apreciación de este tipo suelen producir guerras civiles y, por lo que vemos ahora, ya nadie le teme a un enfrentamiento de esas magnitudes.