La restitución de los dos tercios de votación en las discusiones parlamentarias junto a la abrogación de las llamadas «leyes malditas» son ahora el foco de la oposición parlamentaria tras el anuncio del Gobierno de dar marcha atrás en la vigencia de la polémica ley 1386.

El expresidente y líder de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa informó este lunes que se presentó ante el Senado y la Cámara de Diputados proyectos resolutivos para la restitución de los dos tercios de votación legislativa por tratarse de «una cuestión crucial».

En una rueda de prensa en La Paz Mesa aseveró que el Parlamento, en el que tiene mayoría el Movimiento al Socialismo (MAS), es el «escenario democrático lógico» para sostener las deliberaciones que hace una semana se han trasladado a las calles por el paro nacional e indefinido que sostienen sectores de comerciantes, transportistas y cívicos, y que todavía se mantiene en varias regiones.

En la misma ruta la opositora Creemos, del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ya había planteado esa exigencia de restitución de la votación por dos tercios que fue suprimida por el Legislativo en 2020, antes de que el presidente Luis Arce asumiera el mando del país.

Ese cambio se impulsó cuando en la presidencia del Parlamento estaba la actual alcaldesa de El Alto, Eva Copa, ahora alejada del MAS, arguyendo que el retiro de esa condición se hacía por «cuestiones administrativas» y se dejaba los dos tercios para cuestiones expresamente detalladas en la Constitución.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, manifestó este lunes que «lo que hace el reglamento del Legislativo es respetar la Constitución» y que buscar una modificación de aquello «involucra otros aspectos».

Para la oposición la restitución de los dos tercios en el Parlamento está relacionado con el tratamiento de leyes cuestionadas que son parte de un «estado policíaco» y la necesidad de «abrir espacio previo de discusión» con los sectores sociales afectados por esas normas.

El pasado sábado el Gobierno anunció la abrogación de la ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo, la más cuestionada de un grupo de normas recientemente aprobadas a las que los sectores en protestas las llaman «leyes malditas».

La abrogación de la ley 1386 «vamos a hacerla rápido», «por dispensación de trámite» porque «necesitamos pacificar el país y necesitamos que el país siga trabajando», aseguró este lunes a los medios el diputado oficialista Renán Cabezas.

El Gobierno ha señalado que las protestas de la última semana en Bolivia eran un «pretexto» para conjurar un «golpe de Estado» como sostiene que hubo durante la crisis política de 2019, aunque también el presidente del MAS, el exmandatario Evo Morales, admitió que los anexos de la ley «afectaban a algunos sectores».

Regiones como Santa Cruz, el puntal principal de las protestas, o Cochabamba, han optado por mantener las medidas de presión hasta lograr que se atienda la totalidad de las demandas planteadas.