Medio: Jornada
Fecha de la publicación: lunes 15 de noviembre de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Asamblea Legislativa Plurinacional
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La Cámara de Diputados inició este lunes el tratamiento
del proyecto para abrogar la polémica ley que dio pie a una huelga que se
cumple de forma parcial desde hace ocho días, con sectores que aseguran que se
mantendrán movilizados hasta que la norma sea anulada en firme.
La sesión en la Cámara Baja comenzó al final de la tarde con
la aprobación unánime de la «dispensación de trámite» para agilizar el
tratamiento del proyecto de abrogación de la ley 1386 de Estrategia Nacional de
Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al
Terrorismo.
Una vez que esta instancia lo apruebe, el proyecto pasará al
Senado, que prevé sesionar a primera hora del martes para tratar el documento y
luego enviarlo al Ejecutivo para que lo firme el presidente del país, Luis
Arce, cumpliendo así la promesa que hizo el sábado de que abrogará la
cuestionada norma.
Mientras se cumplen estos trámites en el legislativo,
sectores como los transportistas, gremiales o comerciantes informales, comités
cívicos y plataformas ciudadanas mantuvieron en esta jornada los bloqueos
callejeros y manifestaciones en ciudades como Cochabamba, Santa Cruz, Potosí,
Sucre y La Paz.
Estos sectores sostienen que el conflicto «no se soluciona
con palabras sino con papeles firmados», como lo aseguró a Efe el representante
regional de los gremiales de Cochabamba, Omar Rodríguez.
Algunos gremios aseguran que se desmovilizarán una vez que la
ley, que consideran que es contraria a las libertades ciudadanas, sea abrogada.
Otros sectores como el comité cívico de Santa Cruz, bastión
opositor y motor económico del país, prevén mantener la presión hasta conseguir
otras reivindicaciones adicionales, como la anulación de leyes consideradas
«malditas» y la restitución de los dos tercios de votación en los debates
parlamentarios.
Tensión latente
Bolivia no ha podido superar las tensiones y polarización
vigentes desde 2019, con un oficialismo que insiste en que ese año hubo un
golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales y la oposición que
defiende que la crisis fue consecuencia de un fraude a su favor en los fallidos
comicios generales de ese año, luego anulados.
Estas tensiones se han reavivado con el conflicto actual
pues las manifestaciones contrarias a la ley han sido respondidas con otras
movilizaciones de sectores oficialistas que aseguran «defender» a la democracia
y al Gobierno de Arce ante lo que consideran intentos de desestabilizar al
Ejecutivo.
El oficialismo insiste en que las protestas son un
«pretexto» para gestar un nuevo «golpe de Estado» como consideran que sucedió
en 2019, ante lo cual Arce ha llamado a sus leales a estar en «movilización
permanente» contra el «enemigo».
En ciudades como Tarija y Sucre hubo movilizaciones tanto de
oficialistas como de sectores contrarios a la ley, pero fue en La Paz donde la
tensión estalló a raíz de una reunión convocada por la Alcaldía para definir
medidas hasta que se consolide la anulación de la norma cuestionada.
Mientras la Asamblea de la Paceñidad se desarrollaba, en las
puertas del Palacio Consistorial se enfrentaron partidarios del alcalde
opositor Iván Arias y grupos del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS),
dando lugar a una intervención policial con gases lacrimógenos para separar a
ambos bandos.
Arias deploró que los oficialistas hayan provocado destrozos
en el edificio municipal lanzando huevos, pintura roja y piedras.
La reunión en La Paz definió, entre otros, realizar una
marcha este miércoles y exigir la restitución de los dos tercios en el
Parlamento.
Conflicto parlamentario
El proyecto para abrogar la ley 1386 fue aprobado en la
Comisión de Constitución de Diputados con el rechazo de las fuerzas opositoras
Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos que cuestionaron la Exposición de Motivos
del documento.
«Denunciamos que en La Comisión de Constitución pretenden
generar una narrativa falsa sobre la Abrogación de la Ley 1386 acusando a los
transportistas, gremialistas y al pueblo en general de generar violencia y un
Golpe de Estado», denunció en Twitter el jefe de la bancada de Creemos en la
Cámara Baja, José Carlos Gutiérrez.
Las mismas críticas hizo CC, del expresidente Carlos Mesa,
ante la acusación del MAS de que los parlamentarios opositores supuestamente se
negaban a tratar el proyecto de ley.
«La desvergüenza del MAS no tiene límites. La exposición de
motivos para abrogar la Ley 1386, elaborada por el MAS habla de sedición,
desinformación, violencia organizada y apoyo extranjero en las movilizaciones.
CC denuncia esta infamia que busca criminalizar al pueblo boliviano», escribió
Mesa en Twitter.