A dos años del golpe de Estado en Bolivia, el actual presidente, Luis Arce, acusó públicamente a líderes opositores de querer repetir el escenario del 2019, mientras el país plurinacional atraviesa una semana de protestas antigubernamentales y disturbios, que ya dejaron el saldo de un muerto en Potosí.

El punto máximo de la tensión discursiva se produjo cuando el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, dijo ante sus seguidores que algunos sectores sociales, como los trabajadores mineros, se están plegando a las manifestaciones: «Van a estar en las calles y van a tumbar a este Gobierno», vociferó el dirigente sobre un escenario.  

«La derecha está clara»

Este jueves, Arce participó de un acto oficialista en el Trópico de Cochabamba, para demostrar unidad ante el clima de tensión. Y frente a sus simpatizantes, respondió: «Las declaraciones de los comités cívicos muestran claramente su intención golpista. Desnudaron ya la cara democrática que querían mostrar al pueblo boliviano. Hoy la derecha está clara».

La comparación con el derrocamiento de Evo Morales surge porque fueron los propios referentes cívicos quienes protagonizaron las manifestaciones contra el entonces mandatario, hasta que las Fuerzas Armadas exigieron su renuncia. De hecho, antes de concretarse el golpe, también hubo incidentes, enfrentamientos con las fuerzas policiales y víctimas fatales. 

Por esos días, la Central Obrera Boliviana (COB) le había soltado la mano a Morales al sugerir públicamente su salida «para pacificar al país». Ahora, frente al nuevo clima de tensión, el gremio ratificó su «apoyo y respaldo» a Luis Arce. Además, el miércoles la COB denunció que «se está gestando un nuevo intento de golpe de Estado, impulsado por los impunes delincuentes políticos que siguen en libertad». 

¿Qué está pasando?

Este viernes Bolivia cumple su quinto día consecutivo del paro nacional, con fuertes movilizaciones antigubernamentales. Se espera que las medidas de fuerza se extiendan también el fin de semana en varias ciudades. Actualmente, los epicentros de las manifestaciones están en Santa Cruz de la Sierra y Potosí, pero también —en menor medida— dentro de Tajira, Cochabamba, La Paz, Oruro, Trinidad y Sucre.

Las protestas no estuvieron exentas de bloqueos, incidentes y enfrentamientos entre opositores y militantes del Movimiento al Socialismo (MAS). La Defensoría del Pueblo registró al menos 63 heridos en Potosí y un muerto, Basilio Titi Tipolo, un joven campesino afín al Gobierno, quien habría fallecido asfixiado con «hojas de coca», según la autopsia. Basada en testimonios del lugar, la titular del organismo, Nadia Cruz, dijo que podría haberse atragantado al tropezar mientras «escapaba de otros grupos». Para el oficialismo, los cívicos son responsables. 

Con ese marco, el Ejecutivo acaba de remover a cinco comandantes de las fuerzas de seguridad en los departamentos de Tarija, Potosí, Oruro, Chuquisaca y Santa Cruz, por «un uso desmedido de la fuerza por encima de las órdenes que se han establecido». Esto, mientras la administración de Arce busca recuperar la confianza y lealtad de los uniformados, resquebrajada tras el golpe.

¿Quiénes y por qué protestan?

El paro general se implementó como rechazo a la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, también llamada ‘ley madre’. El Gobierno afirma que esta legislación, sancionada en agosto, tiene como fin combatir el blanqueo de capitales y el movimiento ilegal de dinero.

Aunque Arce intentó aclarar que la normativa solo afectaría a los más ricos con ingresos difíciles de justificar, muchos ciudadanos de distintas clases sociales consideran que esto también podría perjudicar su vida cotidiana, ya que en Bolivia prima la economía informal. Por eso, muchos comerciantes y trabajadores en general dejaron sus tareas cotidianas para protestar. Incluso algunos sectores afines al MAS, como la Federación Departamental de Choferes 1ro de Mayo —el sindicato de transportes más grande de La Paz— y cooperativas mineras de distintos puntos del país, piden la abrogación de la norma.  

Más allá de este reclamo de corte laboral, gran parte de las movilizaciones son incentivadas por los sectores opositores más radicalizados, que aprovechan el mínimo descontento social para desestabilizar a un Gobierno que lleva tan solo un año en el poder. Por su parte, Arce sostiene que los cívicos tergiversan el sentido original de la ley para manipular a la opinión pública.

Resolución imprevisible

Para el MAS, estas manifestaciones contra la ‘ley madre’ son una fachada que intenta evitar los juicios a los posibles responsables del golpe. Por eso, el Gobierno invitó a los detractores a debatir sobre esta normativa, en un diálogo que podría llevarse a cabo el sábado por la mañana en un auditorio universitario, junto a sindicatos. 

Sin embargo, a juzgar por los últimos comentarios de ambos bandos, por estas horas la tranquilidad está lejos de alcanzarse: «Si quiere paz, que abrogue la ley», arremetió el líder del Comité Cívico de Potosí, Juan Carlos Manuel, elevando la crispación.

Además, tras el comentario de querer «tumbar al Gobierno», el jueves Presidencia anunció que impulsará una investigación penal contra dirigentes cívicos por «hechos de sedición, terrorismo y conspiración». 

Con este escenario, el Ejecutivo debe analizar sus opciones: mantener vigente la ley y afrontar una posible escalada de violencia, modificarla, o derogarla para calmar a los trabajadores, sostener la gobernabilidad y dejar más solos a los cívicos, aunque podrían tomarlo como un triunfo propio. Todo esto, mientras se intenta garantizar la delicada democracia boliviana. Ninguna salida será fácil.