Medio: El Periódico
Fecha de la publicación: lunes 15 de noviembre de 2021
Categoría: Conflictos sociales
Subcategoría: Marchas, bloqueos, paros y otros
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El presidente del Comité Cívico de Tarija, Adrián Ávila, informó que tras una reunión interinstitucional decidieron suspender la medida de presión a partir del lunes, por ello, dan un plazo de 48 horas al Gobierno para oficializar la abrogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo.
En este marco, Ávila dijo que en durante las 48 horas de plazo el Comité Cívico y las demás instituciones estarán a la espera de la abrogación.
«Tras la reunión hemos decidido dar un plazo de 48 para que el Gobierno abrogue, mientras estaremos en vigilia, además de hacer una socialización con las demás instituciones para luchar por la abrogación del resto de paquete de leyes».
Además, remarcó que otro de los objetivos es la restitución de los dos tercios en la Asamblea, por lo que están en estado de emergencia, donde las demás instituciones que conforman el Comité Cívico, como transporte, gremiales, empresariado privados, y demás, deben sostener reuniones internas para fijar también una postura.
Ávila sostiene que se debe continuar con la “lucha”, ya que es un paquete de leyes que afectan a las alcaldías, gobernaciones y universidades, como también al sector medio y civil, por lo que en las próximas horas será vital, donde una reunión de instituciones se definirá que medidas asumirán.
“Vamos a convocar a un Congreso departamental y asamblea de instituciones para definir las acciones de esta lucha para la abrogación de todo el paquete de leyes”, refirió, remarcando que cuando hay “voluntad política” se pueden lograr grandes cosas.
APUNTE
“Ha comenzado la persecución política”
Así lo dice Ávila, señalando que tras la denuncia interpuesta por militantes de Movimiento Al Socialismo (MAS) sobre los supuestos hechos de violencia en los días de paro y bloqueo, donde esta jornada tendrá que presentarse a la Fiscalía.
“Tendremos que declarar, no solo mi persona, sino también el ejecutivo del transporte, el alcalde, el gobernador, entonces, creo que ha comenzado la persecución política, la cacería, por haber estado defendiendo de este paquete de leyes que nos quieren imponer”, dijo.