Rosario Baptista renunció al cargo de vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y denunció que el Órgano Electoral carece de independencia.

«Es imposible cumplir con el mandato que le delegó el pueblo en el Órgano Electoral, debido a la corriente autoritaria, absolutista y antidemocrática que gobierna el país, que no reconoce la heterogeneidad de la sociedad boliviana y su representación, y que al igual que el sistema judicial, se encuentra sometido a esos intereses y permite la recurrente violación sistemática de los derechos humanos», señala parte de la misiva enviada el 11 de noviembre al  vicepresidente del Estado, David Choquehuanca.

Baptista compartió su carta de renuncia en su cuenta de Facebook la mañana de este sábado. «Es imposible ejercer mis funciones en un Órgano Electoral que no es independiente ni imparcial. No estoy dispuesta a ser cómplice de todo este sistema, ni a legitimarlo», escribió.

Además, indica que el “control total de todos los órganos del Estado por el partido gobernante ha dejado la organización de elecciones periódicas como único elemento que genera en la gente la ilusión de que vivimos en una democracia”.

En ese sentido, considera que la voluntad ciudadana y la soberanía son “manipuladas no solo a través del resultado electoral, sino (mediante) la información que se brinda a la ciudadanía para perpetuar en el poder al partido gobernante”.

Incluso, asegura que más allá de los comicios de 2019, en el proceso electoral de 2020 “se ignoraron los verdaderos resultados y principios obligados de respeto a los derechos humanos, sometiendo a la ciudadanía a la voluntad de un partido político, que bajo condiciones actuales nunca perderá una elección”.

Asimismo, Baptista invoca a la Asamblea Legislativa a recuperar el Estado de Derecho, restablezca la justicia y las efectivas garantías constitucionales para el ejercicio de los derechos humanos en libertad.

Finalmente, la ahora exvocal del TSE pide a Choquehuanca liberar al Órgano Electoral, al Órgano Legislativo, al Órgano Judicial y a todo el sistema de administración de justicia para que responda a los principios de integridad, independencia e imparcialidad y “no al interés de la impunidad de quienes detenta el poder, utilizando como herramienta de extorsión y persecución”.