Sin voluntad política no es posible encarar una reforma judicial porque ni al Gobierno ni a los políticos les interesa este proceso, en consecuencia, el rol de la sociedad civil es fundamental para “arrancarle” al poder político una transformación institucional, sostienen dos juristas.

El exmagistrado del Tribunal Constitucional, José Antonio Rivera y el abogado Arturo Yáñez, intercambiaron criterios sobre la mentada necesidad de una reforma judicial en el país en el tercer conversatorio de la ANF: La vergonzosa deriva de la justicia, el que contó con la participación del abogado Gonzalo Mendieta en la moderación.

Yáñez a lo largo del diálogo insiste que la “voluntad política” es una pieza clave para avanzar en la reforma del Órgano Judicial, porque de lo contrario por muchos esfuerzos que existan no cambiará absolutamente nada en el país.

No es la primera vez que se habla de la necesidad de reformar la justicia, a lo largo de la historia hubo intentos, algunas han tenido relativo éxito. “La reforma penal empezó muy bien, pero terminó peor de lo que había empezado”, comenta el abogado.

Considera que “es clave la genuina voluntad política”, es decir, que se “requiere de una política de Estado sostenible, ni siquiera a mediano sino a largo plazo y eso es lo que ha fallado en Bolivia”.

Por su parte, el exmagistrado del TC José Antonio Rivera repasa que la crisis judicial viene de hace décadas y que para resolver esa situación se realizaron intentos de reformas parciales “con ciertas finalidades e intenciones políticas”. Aunque en los últimos 15 años “entró de picada esta crisis hasta tocar fondo”.

Plantea que la crisis judicial sea enfrentada a partir de tres componentes, desde una visión del “sistema judicial estatal”: normativo, jurisdiccional y profesional. Lo que permitirá avanzar no solo en una reforma, sino en una “transformación” de la justicia. 

Lo que “supone –primero- una voluntad política, de la sociedad civil, de los actores políticos, pero para mí fundamentalmente de la sociedad civil, porque a los actores políticos no les interesa mucho (la reforma) (…). Al gobierno no le interesa la transformación de la justicia”, subraya.

Argumenta que el desinterés del Gobierno se entiende porque los “jueces son funcionales a sus propósitos” para “desplegar una persecución selectiva con fines políticos”, es decir la justicia actualmente carece de independencia.