A través de una carta dirigida al vicepresidente David Choquehuanca (presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional), Rosario Baptista, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE),  renunció a su cargo.

Baptista señala que "al ser el Órgano Electoral un ente colegiado en el que las decisiones se toman al menos por mayoría, el cumplimiento de mis obligaciones y deberes hacia la ciudadanía se vieron coartados por una visión cerrada y dogmática, que responde al clima de agresividad que emana del Órgano Legislativo, que se traduce en la falta de diálogo y de una agenda común que responda a los intereses ciudadanos, la negación de una discusión política propia de una democracia, y un accionar más bien sometido a la corriente autoritaria y antidemocrática que gobierna el país, que no reconoce la heterogeneidad de la sociedad boliviana y su representación, y que al igual que el sistema judicial sometido a esos intereses, permite la recurrente violación sistemática de los derechos humanos".

En la extensa carta Baptista asegura que "bajo estas condiciones es imposible la tutela de los derechos políticos y de identidad, y menos aún la preservación de la institucionalidad democrática" y denuncia que "el control total de todos los Órganos del Estado por el partido gobernante ha dejado la organización de elecciones periódicas como único elemento que genera en la gente la ilusión de que vivimos en una democracia, cuyo desmantelamiento ha dejado el voto como único elemento sobreviviente, pero bajo condiciones legales, técnicas e institucionales que lo convierten en algo nominal, ya que la voluntad ciudadana y la soberanía son manipuladas no solo a través del resultado electoral, sino a través de la información que se brinda a la ciudadanía para perpetuar en el poder al partido gobernante". 

A decir de Baptista, más allá de las elecciones del 2019, "en el proceso electoral 2020 se ignoraron los verdaderos resultados y principios obligados de respeto a los derechos humanos, sometiendo a la ciudadanía a la voluntad del partido político, que bajo las condiciones actuales nunca perderá una elección; por ello, para desmontar todo este sistema, se requiere un Órgano Electoral realmente independiente, abierto a la observación y verificación ciudadana y dispuesto a devolver a la ciudadanía el derecho de elegir libremente".

El Tribunal Supremo Electoral, según Baptista, "está secuestrado por intereses ajenos a la justicia, a la democracia y a los derechos políticos, de la misma manera que lo están los demás poderes del Estado. Es imposible ejercer mis funciones en un Órgano Electoral que no es independiente ni imparcial, en el que más bien soy acosada, perseguida e impedida de cumplir mis obligaciones como autoridad".

"No estoy dispuesta a ser cómplice de todo este sistema, ni legitimarlo con mi presencia, por tanto, en consideración a todo lo expuesto, me veo en la obligación de presentar mi renuncia irrevocable al cargo de vocal, que ejerzo por designación de la Asamblea Legislativa", afirmó Baptista.

“Invoco a la Asamblea Legislativa Plurinacional que usted preside (Choquehuanca), para que cumpla el mandato que le ha dado el pueblo boliviano y garantice que las leyes que emita respondan solamente a la libertad y la dignidad de la gente, no de un partido político, y sean respetadas y cumplidas, para recuperar el Estado de Derecho, restablecer la justicia y las efectivas garantías constitucionales, para el ejercicio pleno de los derechos humanos, en libertad. Libere al Órgano Electoral, al Órgano Legislativo, al Órgano Judicial y a todo el sistema de administración de Justicia, para que respondan a los principios de integridad, independencia e imparcialidad, sometidos únicamente a la Constitución y a las leyes, no al interés de la impunidad de quienes detentan y detentaron el poder, utilizándolo como herramienta de extorsión y persecución”. Con ese pedido concluye la carta de Baptista.

Baptista ejercía como vocal desde el 19 de diciembre de 2019. Desde el 2009 ninguna sala plena del TSE ha cumplido su gestión de seis años.  

Hace un mes, Baptista aseguró que el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, llevaba adelante un nuevo conteo de votos para lavar la imagen del expresidente Evo Morales, con el fin de posicionar una falsa verdad sobre las elecciones anuladas del 2019, además advirtió que esa acción no es constitucional ni competencia de esa instancia del Estado.

Baptista señaló que esa acción no tendría ningún efecto legal porque las elecciones del 2019 fueron anuladas mediante una ley, aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Posteriormente, se aprobó otra normativa para la convocatoria a las elecciones del 2020.

La carta completa a continuación: