Los seis días de protestas multisectoriales, en ocho departamentos del país contra la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas han conseguido que el Gobierno decida la abrogación de la cuestionada norma, pero las movilizaciones no terminan.

No terminan porque los movilizados desconfían del Gobierno. Y no se trata de que existan “otros objetivos” ni de que “el ‘golpismo’ persiste, está ahí, no baja las manos”, como dijo ayer el Presidente. Es cierto que abrogar una ley requiere de un proceso legislativo y que las autoridades de la Asamblea han convocado a una sesión ordinaria para tratar ese tema hoy al fin de la tarde, al menos así lo anunció el presidente de la Cámara de Diputados.

Pero el paro indefinido continúa en Santa Cruz y Potosí, los gremiales se movilizan hoy en Cochabamba, además de mantenerse en “estado de emergencia y de apronte”, y otros sectores, en otros departamentos deciden su posición hoy, pero es previsible que continúen, al menos vigilantes, hasta que la Asamblea Legislativa sancione la ley que abrogue la polémica norma, el Presidente la promulgue y sea publicada en la Gaceta Oficial.

La palabra del Jefe de Estado no es suficiente para poner fin a las protestas, no se le cree. Y es comprensible, pues la acción del Gobierno da lugar a la desconfianza. Solo en las semanas que precedieron a las movilizaciones, ocurrieron sucesos que contribuyen a ese descrédito. Por ejemplo, el ataque de un grupo irregular armado que tomó rehenes a una veintena de policías, periodistas y empresarios, en Guarayos, hace más de dos semanas, sin que hasta hoy haya avances en la investigación del caso. O la inculpación y detención del Ministro de Educación por tráfico de influencias, que ni así fue destituido por el Presidente.

Y, para concluir, las circunstancias en las que hizo el anuncio de que el Gobierno tramitará la abrogación de la Ley 1386: acompañado solo por dirigentes del pacto de unidad —organización fundamental de su partido el MAS— que carecen de autoridad institucional y cuya presencia revela que las decisiones de Estado, las que conciernen a todos los bolivianos, se las toma y anuncia como si se tratara de asuntos sindicales o partidarios.

Es preocupante el deterioro de la autoridad del Presidente, tan evidente ya en la sesión legislativa del lunes pasado, cuando ni opositores ni oficialistas respetaron su investidura mientras él se esforzaba por hacer audible un discurso hostil, más de campaña electoral que de informe presidencial.

Ese deterioro tendría que servir para que considere la manera cómo ejerce la dirección del Estado. Arce es presidente de todos los bolivianos, pero su desempeño en un año le ha merecido la desconfianza incluso de sus electores.