Después de un año, siempre es posible encontrar luces y sombras en la gestión gubernamental. Pero la polarización política impide visiones equilibradas, ya que para unos las luces han eliminado las sombras y para los otros todo está oscuro. Pero hasta los más “luminosos” coinciden en que la reforma de la justicia ha quedado en el tintero, si no está olvidada en el basurero. El propio presidente, en su informe del 8 de noviembre, entre abucheos y aplausos, admitió que solo en 2022 “los resultados del programa (de reforma) serán presentados y discutidos con las organizaciones sociales, Asamblea Legislativa y demás actores, en la Cumbre Nacional de Justicia”, qué será la primera “cumbre” de su gobierno pero la tercera del masismo que, en 15 años, nunca encaró una verdadera reforma judicial, agravando, con el autoritarismo y el hegemonismo, la crisis nacional de la justicia y sus carencias centenarias.

También al presidente Arce se le llegó a escuchar, en su mensaje, que “el proceso de reforma (judicial) se ha socializado de septiembre a octubre en las 10 ciudades capitales”, por lo que “será una reforma de abajo hacia arriba con la participación del pueblo”. Caben algunas puntualizaciones, ya que el primer mandatario no parece estar aún compenetrado de la problemática de la justicia:

1. No hay verdaderos “programas” o “procesos de reforma judicial” planteados por el Gobierno. En noviembre de 2020, el ministro de Justicia anunció una reforma constitucional sobre la justicia, posesionó una comisión de juristas prestigiosos y, al cabo de unos días, dejó todo sin efecto, anunciando otro “programa de reforma” para agilizar los trámites de adopción y cambiar el sistema de registro de Derechos Reales.

2. El 1 de septiembre de este año, el ministro Lima presentó otra “propuesta” de reforma judicial que carece de profundidad, porque sus “ejes” apenas apuntan a una redistribución de jueces (balanceo), a “procesos meritocráticos y descolonizadores” (independencia), y a “soluciones TIC (tecnologías de la información y la comunicación)” con plataformas informáticas y “transparencia” para luchar contra la corrupción (Nuestro año Ministerio de la Presidencia, noviembre 2021, págs. 37 y 38).

3. Dicha “propuesta” no se refiere para nada a la designación de los jueces supremos, donde se ha concentrado la dependencia política, la corrupción y las irregularidades; tampoco hay referencia al mísero presupuesto judicial que llegaba al 0,5% del Presupuesto General y que este año apenas alcanza al 0,46%, porque, para peor, ha sido reducido. No se habla de la justicia indígena, venida a menos, y tampoco de la necesaria incorporación de la justicia de paz, ambas para que la justicia llegue a todos.

4. Son cinco las carencias centenarias en nuestra administración de justicia, que no atiende el supuesto “programa” del Gobierno. Las carencias de independencia e idoneidad de los jueces (salvando excepciones) que, por la forma de su nombramiento, están sometidos al poder político; la carencia de recursos, con un presupuesto que impone condiciones miserables de trabajo; la falta de acceso a una justicia, con pocos jueces hacinados en las ciudades principales, y la ausencia de estrategia estatal ya que cada gobierno vuelve a inventar “la pólvora” de la reforma judicial, con nuevas “revoluciones” y nuevas “cumbres” que se vuelven papel mojado solo en días o semanas. Y la “nueva propuesta” a la que se refiere el presidente Arce, que no viene de abajo, se queda en la epidermis.

5. La peligrosa polaridad y tensión por la que atraviesa el país, amén del continuismo autoritario del MAS, revela una profunda crisis de confianza de la sociedad respecto del Estado. Todas sus leyes aparecen sospechosas, y una buena parte de la población presume la culpabilidad autoritaria del Gobierno en cada uno de sus actos. Solo una correcta administración de justicia puede dar certezas, tanto al gobierno como a la sociedad. Si una ley va en contra de la Constitución un verdadero Tribunal Constitucional la anulará. Si otra ley viola los derechos de la gente así lo dirán jueces imparciales que la eliminarán. No será necesario que paremos y salgamos a las calles.

6. Las leyes no acaban con la corrupción (ganancias ilícitas). El mecanismo para combatir la corrupción y la impunidad es, precisamente, una justicia independiente. El presidente Arce, si de veras quiere recuperar la confianza y la gobernabilidad y si está empeñado en una lucha real contra la corrupción, debería impulsar una verdadera reforma judicial, o tal vez prestarle atención a la propuesta de reforma vía referendo ciudadano.