La democracia boliviana languidece ante la arremetida de un autoritarismo que se arrastra desde las administraciones de Evo Morales y que el gobierno de Luis Arce da continuidad. El continuismo y el propósito de llevar adelante un proyecto único como nunca se presenta en Bolivia con el “autoritarismo”, mediante la aprobación de leyes sin consulta a la sociedad civil.  Analistas consideran que Bolivia vive una “democracia ficticia” con el rostro de “populismo” del socialismo del siglo XXI.

“Ahora el gobierno ha pasado de un autoritarismo de Evo Morales a un autoritarismo de Luis Arce con las leyes impuestas, no escuchar a los movimientos contrarios que reclaman sus derechos, dividiendo a las organizaciones sociales con prebendas u otros”, señaló el fundador y exsenador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lino Villca Delgado.

Dijo que al igual que en los casi 14 años de gobierno de Morales, Arce en un año implementó un “régimen autoritario, dispuesto a emprender una cacería de brujas en contra de sus opositores y en contra de quienes disientan con el pensamiento del Movimiento Al Socialismo”.

A su vez, Román Loayza, también fundador del MAS y exlegislador, señaló que, al no poder controlar la situación, el partido gobernante recurre a la imposición a través de la fuerza.

“Al no poder controlar la situación, impone, pero esto se debe a sus propias debilidades e incoherencias. La insuficiencia del MAS se traduce en un autoritarismo”, dijo.

De acuerdo con analistas, la cultura de autoritarismo político y social que existe en el país se esconde tras el discurso de defensa de la democracia. El autoritarismo se expresa en verticalismo y concentración de poder, desconocimiento de ordenamientos legales y normas institucionales, arbitrariedad y discrecionalidad en la tomas de decisiones, abuso de poder, uso de la violencia física y simbólica, lenguaje de insulto y de amedrentamiento, manipulación de la información y engaño.

“La Constitución Política del Estado obliga a que cualquier proyecto, cualquier medida económica o de política se puedan discutir con la población, eso no lo han hecho. Los parlamentarios han aplicado su rodillo en virtud de que necesitan la simple mayoría; sabes que por la actitud política de Eva Copa, los 2/3 en los reglamentos de debates de las cámaras de Diputados y Senadores en asuntos para ellos administrativos han limitado el desempeño de la oposición política”, dijo el exdirigente de la Central Obrera Boliviana (COB) y economista Lucio Gonzáles.

Recordó que el gobierno de Arce Catacora, que presumiblemente llegó para reconciliar a los bolivianos, propició  un proceso de persecución política y detenciones que ponen a Bolivia en riesgo de una nueva confrontación y reavivan la práctica del control de la justicia.

En octubre de 2019 se generó un movimiento social que giró alrededor de la defensa del voto y la democracia. Como todo movimiento tuvo aciertos, errores, excesos, incoherencias, contradicciones y su destino final fue lamentable, aunque dio como resultado una presión popular contundente que condujo a la renuncia del presidente Evo Morales. Logró lo impensable, que la autoridad deje su cargo.

“Acusar de golpe de Estado a esa movilización es pernicioso y deshonesto, se inscribe en lo que siempre hacen los poderosos: criminalizar los movimientos sociales e inventarles una nueva historia. En suma, mentir amparados en su poder”, agrega.

A su vez, el abogado Marco Baldiviezo indicó que  se han tenido “varias recaídas, varios conflictos y esencialmente se han presentado a raíz del gobierno del MAS. La llegada al poder de Evo Morales ha significado una transición política hacia otro tipo de ideologías que no comulgan  con el sistema democrático”.

Antecedentes

De acuerdo con los entrevistados, durante todo el periodo gubernamental de Morales se estableció “una profunda marca de división y polarización en Bolivia”. Es decir, que toda la promesa de inclusión se “convirtió en una estrategia política en la que la confrontación de bolivianos, procedentes de distintos grupos étnicos y regiones, sería una receta para abusar del poder y concentrarlo en el Ejecutivo”.

“La persecución de aquellos que piensan de manera distinta, la impunidad de los corruptos, gobernar para unos pocos atados al sistema y el deseo de imponer políticas rechazadas por la gran mayoría”, señalaron.

Dijeron que el autoritarismo de Morales se manifestó en la imposición de la construcción de una carretera por el centro del Territorio indígena Parque Isiboro Sécure (Tipnis).

El movimiento indígena contra la carretera por el Tipnis hizo que el Gobierno declarara en 2011 el área como “territorio intangible”, lo que significaba que no podía ser vulnerado por la construcción de la vía.

Lamentablemente, esto sólo fue una victoria temporal, marcada por el interés político del presidente, toda vez que promovió una amañada consulta popular y revirtió la intangibilidad del territorio indígena.

Morales de manera autoritaria impuso su reelección indefinida con el apoyo de una justicia sojuzgada a sus caprichos, fruto de ello se desconoció el referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016.

“En Bolivia el autoritarismo se expresó en la aprobación de leyes que hacen a la transformación del Estado a partir del rodillo parlamentario, el mismo que funcionará gracias a la mayoría oficialista, establecida en el legislativo”, indicó la politóloga Patricia Velasco.

Las características atribuidas al autoritarismo por estudiosos ayudan a identificar con mayor claridad las manifestaciones autoritarias de nuestras sociedades. Estas son la centralización y concentración del poder, limitación de la competencia política, sometimiento de la justicia, relaciones sociales políticas marcadas por el corporativismo.

“Podemos observar que la cultura política autoritaria tiene como objetivo central la despolitización y desorganización de la sociedad civil. La centralización en el sistema político, imposición de leyes que tienen que ver con las transformaciones del Estado, donde lo que interesa para su aprobación no es la sociedad civil ni las manifestaciones de los movimientos sociales”, indica Velasco.

Arce por el mismo camino

La gestión del presidente Arce sigue el mismo camino autoritario de Morales.

Una muestra de ello es la persecución política so pretexto de un mandato o sentencia de unos jueces serviles a los intereses políticos de Arce y Morales. Se encarceló a la expresidenta interina Jeanine Áñez, ministros y jefes militares, bajo los supuestos delitos de un presunto golpe de estado, las muertes en Sacaba y Senkata, entre otros.

Los analistas señalaron que el MAS incorporó una retórica revanchista racista a la cultura del autoritarismo boliviano, debido a los excesos discursivos y dispositivos simbólicos de poder.

Estos responden al verticalismo y caudillismo autoritario del MAS y la ambición sin límites de sus jefes políticos que no permite la superación de los racismos en desmedro de los derechos de los pueblos indígenas.

ACCIONES DE EVO MORALES 

La continuidad en el gobierno junto a una constante campaña de descrédito de los partidos políticos, de los liderazgos públicos emergentes, amenazas y chantajes a las clases productivas y el control e intimidación de la prensa, le permiten a Evo Morales disfrutar de más poder que ningún otro mandatario electo en la historia del país, indicaron diversos analistas.

CORRUPCIÓN

El gobernante MAS incurrió  en una serie de actos de corrupción. El autoritarismo se relaciona con actos ilícitos.

En noviembre de 2007, Abel Mamani, ministro de Agua en el primer gobierno de Evo Morales, fue destituido, luego de que se difundieran fotografías íntimas y escabrosas de la autoridad junto a una joven desnuda. 

En enero de 2012, Santos Ramírez, considerado el “hombre fuerte” del gobierno de Evo Morales, fue sentenciado a 12 años de cárcel en el proceso de corrupción entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa Catler Uniservice. 

En febrero de 2015, se destapó la corrupción en el Fondo Indígena, en la que se habría malversado 1.032 proyectos, lo que implicó el despilfarro y desfalco de 182.709.869 dólares. El Fondo Indígena obedecía a la candidez de confiar la administración de recursos importantes destinados al fortalecimiento comunitario a un directorio integrado exclusivamente por organizaciones indígenas afines al MAS.

LOS MISMOS ERRORES

El investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Hugo José Suárez, dijo que el presidente Luis Arce incurre en los mismos errores de su antecesor, Evo Morales.

“El comportamiento del gobierno de Arce, que indulta a sus militantes que causaron espanto, destrozos y dolor, y que manda a prisión a sus opositores políticos, es una muestra de que no se aprendió la lección de 2019. Todo lo contrario, es el esfuerzo por reinstalar el régimen de gobierno autoritario que controla todo (la justicia, los medios, las instituciones, los sindicatos, etc.) más allá de cualquier institucionalidad democrática, como lo hizo Evo”, dijo.

Agregó que el mandato del presidente, resultado del triunfo electoral de 2020, era pacificar el país, no polarizarlo; construir instancias independientes, no someterlas; luchar por la unidad de la nación acercando posiciones y  buscando los puntos de encuentro y diálogo.

SOMETIMIENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

REDACCIÓN CENTRAL

El exembajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Jaime Aparicio, cuestionó el rol autoritario del gobernante Luis Arce y su partido contra la oposición y la ciudadanía a través de normas inconsultas.

“El gobierno intentó torpemente fortalecer su poder intimidando a los opositores con nuevas leyes violatorias de la propiedad privada y dando al gobierno poderes arbitrarios de investigación y sanción de los bienes e ingresos de los ciudadanos”, señaló a Los Tiempos.

Aclaró que esas leyes se aprobaron  entre gallos y medianoche mediante el rodillo parlamentario que ya no requiere dos tercios de votos. 

“Alarmado por su propia ineficiencia, Luis Arce ingresó en una nueva fase autoritaria y represiva que lo coloca en la ruta de Venezuela y Nicaragua. La protesta pacífica es un derecho de los ciudadanos protegido por la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos”, sostuvo.

Asimismo, indicó que el gobierno de Arce, en su primer año, estuvo paralizado en el intento de victimizar a Evo Morales con narrativas falsas que intentan cambiar la realidad de lo que sucedió en las elecciones de 2019.  

“El gobierno ha descuidado la tarea de enfrentar la triple crisis que afecta a todos los bolivianos: económica, sanitaria y la degradación del sistema judicial”, aseguró el diplomático boliviano, que reside en Estados Unidos.