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Medio: ERBOL
Fecha de la publicación: lunes 09 de julio de 2018
Categoría: Institucional
Subcategoría: Tribunal Supremo Electoral (TSE)
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La posición del jefe de bancada nacional del MAS David Ramos y el diputado Elmar Callejas surgió luego que la presidenta del TSE, Katia Uriona, reiterara en declaraciones de prensa, que el 2019 recién se pronunciará sobre la inscripción de Evo Morales y una vez se abra la competencia tras la convocatoria a las elecciones.
“La verdad es que yo no sé de qué se va pronunciar, porque el Órgano Electoral no tiene competencia para contradecir fallos que emanan de la justicia. Ahí lo que tienen que hacer es cumplir lo que emana de la justicia y si no lo cumple, hay mecanismos legales para hacer cumplir la sentencia, nadie puede incumplir las órdenes de la justicia y peor del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que es la máxima instancia de país”, declaró a Erbol.
Ramos recordó que la misión del Tribunal es desarrollar laborales electorales y no tiene facultades para revisar, analizar o anular sentencias constitucionales que habilitan de manera definitiva la candidatura de Evo Morales.
Señaló que cuando salga la convocatoria, el Tribunal lo único que tiene hacer es administrar y dirigir las elecciones, tomando en cuenta que Morales oficialmente es el candidato de la primera fuerza política.
“Si no lo inscribe estaría incurriendo en la figura de incumplimiento de deberes. No acatar una sentencia constitucional, sería sujeto a la interpelación ante la Asamblea, pero por la responsabilidad que amerita, estamos convencidos que no cometerán esos errores e imprudencias”, manifestó consultado por Erbol.
Advirtió que rechazar la inscripción puede generar un malestar general de las fuerzas motrices que tiene este país, como los campesinos, indígenas, cooperativistas, juntas vecinales, transportistas y la COB, que apuestan a la candidatura y “puede ocasionar una situación funesta en la historia democrática del país”.
Sin embargo confía que por la responsabilidad que tiene, el Tribunal debe cumplir el mandato y la misión que la ley le asigna, administrando procesos electorales.