Tras el anuncio emitido por el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, sobre la abrogación de la Ley 1386 para detener las movilizaciones desarrolladas por la población en contra de esta norma, legisladores de oposición manifestaron que la lucha por la restitución de la votación por dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sigue en pie.
Los representantes de partidos de oposición manifestaron que a pesar del anuncio gubernamental sobre proceder con la abrogación de la Ley 1386, el pedido de restitución de los dos tercios en las Cámaras Legislativas no cesará.
El diputado por Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormachea, adelantó que esta tienda política continuará en la lucha en contra de todo el paquete normativo que es promovido desde el oficialismo, por lo que se apoyarán futuras medidas en las que también se contempla la exigencia para restituir los dos tercios en la ALP.
“¡La lucha sigue! Como Comunidad Ciudadana vamos a respaldar todas las movilizaciones que vendrán contra todo el paquetazo de leyes malditas y por la recuperación de los 2/3. Nadie se cansa”, manifestó el legislador.
Para la senadora Centa Rek, la restitución de los dos tercios es un asunto legítimo para evitar que el Órgano Legislativo se convierta en solo un tramitador de las normas enviadas por el Ejecutivo.
La Bancada de Senadores y Diputados de Creemos ha difundido un comunicado sobre la legitimidad y sentido democrático del paro nacional indefinido abrogación de la Ley 1386 y restitución de los 2/3 como pedidos democráticos y no golpismo, donde se resalta que es totalmente legítimo y democrático.
Al respecto, la diputada Luisa Nayar sostuvo que tras los anuncios de abrogación de la 1386, es necesario no ceder en las medidas hasta conseguir la restitución de los dos tercios y la anulación de todo el paquete de normas atentatorias a las libertades. “La abrogación de la Ley 1386 es una victoria de los ciudadanos, pero aún falta. Sigamos firmes en la lucha”, señaló.
Desde el oficialismo, el diputado Juanito Angulo manifestó que los anuncios sobre continuar con las medidas de presión por parte de sectores indican intensiones de llevar adelante un golpe de Estado contra un gobierno legalmente constituido.
“Todo el pueblo boliviano tiene el derecho de defender lo que es la institucionalidad y los intereses de la patria”, dijo; además de justificar la organización de marchas por parte de afines al Gobierno.