Dijo que no se siente acusado, sino acusador del presidente Evo Morales, al ministro de Justicia Héctor Arce y el Procurador Pablo Menacho por haber llevando una de las vergonzosas defensas legales del Estado frente a la empresa pirata como es Quiborax.

Lamentó que el Fiscal General Ramiro Guerrero haya emitido un requerimiento conclusivo sin tomar en cuenta su denuncia contra Arce, Menacho, el ministro de Minería César Navarro y la exProcuradora Carmiña Llorenti, y ofrecido sus conclusiones al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dando curso al juicio de responsabilidades.

Mesa estima que tras la “vergonzosa acción” de la Fiscalía, el proceso será tratado en tiempo récord en la Asamblea Legislativa y no descartó que hasta agosto estuviera aprobado el juicio de responsabilidades ya en manos del TSJ, donde podría disponerse la anotación preventiva de bienes y una eventual detención preventiva.

Denunció que el gobierno intenta electoralizar el momento con el objetivo de que los bolivianos se olviden el 21F, y definir quiénes serán los candidatos que vayan a las urnas junto a Evo Morales, como candidato presidencial de 2019.

“El gobierno asume y piensa que yo puedo ser uno de esos rivales porque aparezco bien posesionado en las encuestas. Yo no le voy hacer el juego al gobierno, no voy a entrar en la lógica que el gobierno quiere: que nos olvidemos del 21 de febrero y que asumamos que va a ser candidato. Evo Morales no puede, no debe ser candidato a la presidencia. Yo les ratifico mi compromiso de actuar de manera activa en la defensa del 21F y en la petición democrática de que el Evo Morales y el Tribunal Supremo Electoral escojan el camino adecuado y le den la espalda a esa aberración de ser candidato”, declaró.

Convocó a las plataformas democráticas a defender el 21F porque no se puede aceptar que el presidente obligue a aceptar su postulación para el año 2019.

REQUERIMIENTO ACUSTORIO

El Fiscal General del Estado presentó Requerimiento Acusatorio de Juicio de Responsabilidades en contra del expresidente Carlos Diego de Mesa Gisbert, en el marco del denominado caso Quiborax.

La presentación fue realizada ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la ciudad de Sucre, una vez que se cumplió el plazo de 30 días establecido de acuerdo a normativa legal para la acumulación de antecedentes.

“Hemos presentando este requerimiento acusatorio ante la Sala Penal que a su vez pondrá a consideración de Sala Plena para que sea elevada a la Asamblea Legislativa Plurinacional”, explicó Guerrero.

Junto a Mesa también están procesados los exministros de Desarrollo Sostenible, Gustavo Pedraza Mérida; de Minería e Hidrocarburos, Freddy Gustavo Escobar Rosas y de Trabajo, Luis Antonio Martín Fernández Fagalde.

Los tipos penales denunciados son Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes; Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica. “La única persona que goza de privilegio constitucional es el expresidente Mesa Gisbert”, mencionó el Fiscal General del Estado.