El presidente Luis Arce se las jugó el todo por el todo para hacer fracasar el paro de los sectores que exigían la abrogatoria de la Ley 1386 en el entendido de que un nuevo retroceso pondría al Gobierno ante una situación de ingobernabilidad constante. Se las jugó y perdió.

Tras seis días de paro, bloqueos, violencia policial, enfrentamientos entre civiles, más de 70 heridos, más de 130 detenidos y un fallecido, el Presidente tuvo que retroceder y escuchar al pueblo: pidió la abrogatoria de la Ley Madre, que aprueba la estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.

En este conflicto el Gobierno sacó la mano dura, para sentar un precedente de autoridad y tomó los recaudos para que la protesta no derivara en otro noviembre de 2019, aunque la movilización no tenía ese objetivo. Hasta David Choquehuanca  sacó a relucir su rostro de guerra y llamó a los sectores sociales a levantarse para defender el denominado proceso de cambio. En la misma línea, Arce hizo llamados a las bases del MAS para salir a defenderlo, Evo Morales hasta le presentó a los soldados de la revolución que lucharían por él.

Y, la estrategia incluyó un despliegue policial sin precedentes en el gobierno de Arce, un sospechoso traslado de fuerzas y armas militares a Santa Cruz para un desfile que no se realizó, una acción de grupos encapuchados usando camionetas oficiales y, como ya se ha hecho costumbre en el MAS, el envío de grupos sociales a la primera línea como si fueran milicias del partido gobernante.

Y, para no dejar cabos sueltos, en pleno conflicto, fueron cambiados los comandantes departamentales y fueron ascendidos a generales tres oficiales afines al MAS, aunque dos de ellos no estaban entre los primeros de sus cursos. No querían arriesgar con descontentos, malestares ni motines.

Pese a todo, el Gobierno perdió porque la demanda del pueblo es legítima: la anulación de una ley que pone en entredicho los ingresos de los trabajadores informales del país, que son la mayoría, y que puede ser un instrumento de persecución.

El Gobierno trató de instalar la teoría de otro “golpe de Estado” y acusó a los medios de ser los responsables de la desinformación en torno a la  ley. Nada de eso es verdad porque algunos de los sectores movilizados, como los gremiales y los transportistas,  son afines al MAS y lo último que quieren es tumbar al Gobierno.

La lección que Luis Arce debe sacar de este conflicto es que, si bien tiene casi todo el poder estatal en sus manos, los límites y contrapesos le vendrán de la calle. Y, si va sumando derrotas, también irá acumulando debilidad. Es hora de abandonar el autoritarismo y gobernar para todos los bolivianos.