La huelga convocada por comerciantes informales, transportistas y comités cívicos en Bolivia se mantuvo de forma parcial este domingo, a la espera de que el Legislativo haga oficial el anuncio del presidente Luis Arce de que la ley que motivó las protestas será abrogada.

Regiones como Potosí y Santa Cruz mantienen en esta jornada los bloqueos callejeros que se cumplen desde hace siete días en contra de la ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo.

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, manifestó en un mensaje difundido en las redes sociales que la «lucha de unidad ha comenzado a dar sus frutos», pero no ha terminado, por lo que pidió a la gente en esa región mantener «los puntos de bloqueo».

Este sector se reunirá con otros movilizados en las próximas horas para analizar el anuncio presidencial y tomar nuevas definiciones.

Lo propio harán los sectores afiliados al Comité Cívico Potosinista, que emitieron un comunicado para llamar a un Consejo Consultivo para la tarde y pidieron entretanto «continuar con las movilizaciones».

Los comerciantes informales y transportistas también tendrán reuniones en esta jornada para evaluar el anuncio de Arce, aunque a la vez esperan que el vicepresidente del país y presidente del Legislativo, David Choquehuanca, convoque a una sesión parlamentaria para tratar la abrogación de la ley.

Rodeado por sindicalistas afines a su Gobierno, Arce anunció en la víspera en la casa de Gobierno que se decidió abrogar la ley 1386 para que cesen las protestas y se deje de afectar a la economía «que hoy está siendo dañada».

Según Arce, el Gobierno también tomó esta decisión para que no haya «pretexto» de los sectores que «tienen otros intereses más allá» de los planteados por las organizaciones sociales que piden que se abrogue la norma.

El mandatario compartió en sus redes sociales la carta enviada a Choquehuanca pidiéndole el tratamiento en el Legislativo del «Anteproyecto de ley de abrogación de la Ley 1386» para que «no existan pretextos de grupos minoritarios que sigan paralizando» la economía.

El oficialismo ha denunciado que detrás de las protestas contra la ley hay supuestos intentos de desestabilización al Gobierno de Arce con la intención de gestar un «segundo golpe de Estado», como consideran que sucedió durante la crisis política de 2019, lo que niegan los movilizados.

Ante esto, los sectores afines al oficialismo advirtieron con movilizaciones para «defender» al Ejecutivo.