El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, reveló ayer en un acto público que logró conseguir que los gremiales y transportistas movilizados no acudan al diálogo convocado por el Gobierno nacional para tratar la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.

En una concentración en el monumento al Cristo Redentor, de la ciudad de Santa Cruz, el dirigente cívico señaló que gestionó que los sectores en conflicto no “negocien nada” con el Ejecutivo si no se abroga la mencionada ley.

“Hemos podido conseguir que toda Bolivia se una en una sola voz: De que aquí no se negocia nada si no hay abrogación, no van a aceptar ninguna invitación del Gobierno si no abrogan la ley (1386)”, dijo Calvo.

En un ampliado nacional en Cochabamba, un sector de la dirigencia gremial y de los transportistas acordó pedir la abrogación de la ley de estrategia contra las ganancias ilícitas como condición para asistir al diálogo.

Para el analista Gonzalo Trigoso, las acciones del Comité Cívico cruceño, al igual que ocurrió en octubre y noviembre de 2019, buscan defenestrar el gobierno del presidente Luis Arce Catacora y el vicepresidente David Choquehuanca.

“En este momento en realidad tiene que quedar claro para todos los bolivianos que estamos viviendo un proceso de golpe de Estado, no hay otra manera de entender la situación”, manifestó en entrevista con Bolivia TV.

Para el analista, los cívicos buscarán generar una mayor crisis y violencia con la intención de volver a asumir la dirección del país como en 2019.