Se ha sostenido siempre que la ley es la fortaleza del Estado y la seguridad de todo gobierno legalmente constituido; pero, contrariamente a esta especie de principio, los regímenes gobernantes han preferido confiar y creer más en el derecho de la fuerza que en la fortaleza y legalidad del Derecho, que es la fuerza vigente de la Constitución y las leyes.
Un principio de convivencia da lugar a creer que nada ni nadie es más fuerte que la ley, que es derivación de la Constitución y muestra de la voluntad del pueblo. Sin embargo, lo lamentable es que los gobiernos sientan que su estabilidad estaría garantizada por la fuerza, ya que muchas veces utilizan métodos y sistemas contrarios a las leyes que implican protección a los derechos humanos. Es decir, incurren en violaciones a la seguridad, tranquilidad y protección a todos los habitantes del país.
Las experiencias señalan que todo lo que es violatorio a las normas se debe a que la institucionalidad no tiene plena vigencia y que solamente cuando el régimen necesita del apoyo legal utiliza parcialmente lo institucional para demostrar su acatamiento a las leyes y, mucho más, a los derechos humanos.
Lo vivido y sufrido por muchos seres humanos da lugar a la necesidad de leyes de carácter internacional que protejan realmente la vida y derechos, las condiciones de vida política, económica, social y otras con las que se desenvuelven los pueblos, pero que tengan disposiciones punitivas muy severas para castigar a gobernantes que vulneren todo lo contrario y obren al margen de disposiciones legales internas de sus países. Es decir que la ley internacional tenga carácter inviolable; de otro modo, sería solamente un conjunto de papeles anexo a los existentes, sin la contundencia que debe tener.
Según el criterio generalizado del pueblo, todo régimen constitucional que utiliza la fuerza para gobernar y hace abstracción de las leyes, demuestra su vocación para la dictadura y hasta la tiranía, condiciones de vida y forma de gobierno que usan los sátrapas que salen de los márgenes legales para convencer sobre sus intenciones y evitan hacerlo mediante el diálogo, porque gustan de la imposición. Estos extremos han sido utilizados por muchos regímenes que buscaron imponer su voluntad al pueblo y, sobre todo, a opositores contrarios a las medidas anunciadas. Es importante y necesario que el gobierno se atenga al orden constitucional y legal para dar a conocer sus decisiones, que deben estar enmarcadas en las urgencias y necesidades de la nación y no tratar de imponer utilizando la fuerza.