Estamos ante los conflictos por las leyes inconsultas promulgadas, las que para los diferentes estamentos atentan contra la libertad de acción y contra el patrimonio personal, no obstante ser derechos garantizados por la Constitución. El gobierno se atrinchera y pasa a la ofensiva, manifiesta que las protestas son el principio de un golpe de Estado para derrocarlo. Es también la continuidad de la política de victimización tan frecuente en el gobierno de Evo Morales.
Ciertamente el gobierno y el MAS no toleran todo acto opositor que tenga lugar y cree que la mejor política preventiva es sofocar esas manifestaciones en su nacimiento mismo. Así lo hizo a pequeñas concentraciones opositoras anteriores. Es claro el temor oficialista a que pueda reeditarse la resistencia de octubre y noviembre de 2019, originada por el presunto fraude electoral. Para el partido de gobierno la “tolerancia” de entonces de los movimientos sociales determinó su caída del poder. A pesar de que Policía Nacional y grupos de las minas reprimieron con la misma violencia de estos días.
El correlato de lo anterior y el rechazo a dialogar sobre la Ley de Estrategias Contra el Enriquecimiento Ilícito parece tajante. Hace responsables a los comités cívicos de la promoción del paro y los bloqueos. En especial su retórica se dirige a los comités de Santa Cruz y de Potosí. En efecto, estos departamentos son los más radicales en el movimiento actual, pero al mismo tiempo los más duramente reprimidos.
El gobierno minimiza a los sectores participantes del conflicto con la mira de restarles importancia. Sin embargo, la protesta es cada vez más activa y tiene lugar en todo el país. Llamó al diálogo solo a los gremialistas, seguramente considerando su crecido número. Éstos al llegar a un acuerdo reducirían al mínimo el movimiento, según cree el oficialismo.
Todo el aparato gubernamental y sus satélites abrigan la consigna de concurrir contra los peticionarios con toda la dureza posible –que por supuesto es temible– para sofocarlos y darles una lección a fin de que no se vuelva a poner en jaque al gobierno. Los primeros mandatarios del país encabezan en persona la arenga e incitan a los sectores bajo su control a demostrar su firmeza. Evo Morales en Shinahota declaró al Chapare en “estado de emergencia y movilización” para defender el proceso. Convocó a una marcha el día 23 desde Caracollo a La Paz. El presidente Arce dijo que la derecha quiere revertir su derrota mediante el golpe de Estado, pero fracasará. En El Alto, David Choquehuanca, revirtiendo su discurso pacificador, convocó a los campesinos del Altiplano, llamándoles la atención por estar “callados” y que se hagan sentir. Fijó la demostración para el domingo 14. Así el oficialismo en todos sus niveles asume la beligerancia. En consecuencia, parece renunciar a examinar las demandas y analizar posibles modificaciones a las leyes que son origen de la difícil situación. Debe hacerlo en aras de la distensión y la tranquilidad pública.