Medio: El Deber
Fecha de la publicación: martes 10 de julio de 2018
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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“Morales no puede ni debe ser candidato a la Presidencia de Bolivia, y aquí, en este momento, quiero expresar mi compromiso de actuar de manera activa, positiva y de manera comprometida, en la defensa del 21-F y en la petición democrática de que el Gobierno, el presidente y el Tribunal Supremo Electoral escojan el camino adecuado y el reconocimiento del 21-F y darle la espalda a la aberración que se hizo cuando el Tribunal Constitucional habilitó a Evo Morales”, afirmó Mesa.
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En el plazo previsto y acusándolo de tres delitos, la Fiscalía General del Estado presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el requerimiento acusatorio de juicio de responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa; este dijo sentirse condenado por los dos tercios que tiene el MAS en la Asamblea, pero también señaló que desde ahora apoyará todos los pronunciamientos y expresiones de respeto del 21-F porque en su criterio Evo Morales no puede ni debe ser candidato en 2019.
“Esta acusación que presenta al Tribunal Supremo de Justicia será pasada en tiempo récord a consideración de la comisión mixta de la Asamblea; la Asamblea, que ya está trabajando en el documento de acusación contra el expresidente Carlos Mesa en la comisión mixta; y el MAS, que tiene dos tercios y después de unas horas de un debate insulso que ya hemos escuchado, dirán que se inicie un juicio contra Carlos Mesa; no me sorprendería que a fin de agosto esté acusado por la Asamblea”, dijo la exautoridad en plaza Murillo.
El fiscal Ramiro Guerrero fue el encargado de hacer conocer la decisión de la Fiscalía y subrayó que los 30 días que le otorga el plazo de esta primera fase fueron insuficientes porque no se pudo tener la declaración de algunas de las personas que fueron convocadas.
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Resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, son los tres delitos que esgrime el Ministerio Público contra Mesa, que además no será juzgado con sus dos exministros, Luis Fernández y Gustavo Pedraza.
El fiscal no explicó por qué no se pudo convocar a Carmiña Llorenti y al expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, cuyas declaraciones podían explicar muchas cosas, censuró Mesa y además dijo que es muy sintomático que la Fiscalía no haya llamado a declarar jamás al ministro de Justicia, Héctor Arce ni al procurador, Pablo Menacho, aunque sea en condición de testigos de este caso.
Por todas esas consideraciones, el expresidente manifestó queexiste una decisión política del Gobierno de eliminarlo políticamente y dijo que los tres juicios que tiene, caso Misiles Chinos, Quiborax y Camargo-Correa son parte de la estructura política destinada a eliminarlo del escenario político del país.
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Por el 21-F
Pero el expresidente lanzó una advertencia y entre líneas deslizó que él no será candidato, entonces, el presidente Morales tampoco podrá postular porque está inhabilitado por la Constitución.
“Morales no puede ni debe ser candidato a la Presidencia de Bolivia, y aquí, en este momento, quiero expresar mi compromiso de actuar de manera activa, positiva y de manera comprometida, en la defensa del 21-F y en la petición democrática de que el Gobierno, el presidente y el Tribunal Supremo Electoral escojan el camino adecuado y el reconocimiento del 21-F y darle la espalda a la aberración que se hizo cuando el Tribunal Constitucional habilitó a Evo Morales”, afirmó.
Mesa no quiso referirse a que podría aceptar una postulación suya como candidato a los comicios del próximo año, aseguró que hablar de ese tema es entrar al juego del Gobierno, que intenta por todos los medios electoralizar el ambiente en el país y pretende que de ese modo, la ciudadanía acepte una nueva postulación de Morales, y dijo que se debe exigir el respeto al 21-F.
Sobre este punto, a través del canal estatal, el ministro de Justicia indicó que el único interesado en politizar el caso es el propio Carlos Mesa y dijo que utiliza este caso para hacer política; recordó que el arbitraje se realizó entre 2010 y 2013,“entonces cómo pudimos calcular, en ese entonces, que el expresidente iba a ser candidato, cómo pudimos calcular para perder a propósito en este arbitraje”, cuestionó la autoridad.
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Los expresidentes
A través de contactos telefónicos y cuentas en redes sociales, los expresidentes Jaime Paz y Jorge Quiroga exteriorizaron su rechazo a esta intención de enjuiciar a Carlos Mesa desde el Gobierno.
Jaime Paz Zamora lamentó y rechazó la decisión del Ministerio Público, “porque evidentemente es un caso en el que se judicializa la política nacional. Debiera haber mucha más claridad y transparencia en todo este proceso del caso Quiborax. Lo siento mucho por el expresidente Mesa”.
Sin embargo, aseveró que no es el primer caso de judicialización de la política en el país. “El Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada me hizo de las primeras víctimas de esa injusticia con el caso narcovínculos. Un montaje total en complicidad con la DEA de EEUU. Querían evitar mi reelección en 1997, a la que llegaba con un 65% de aprobación, y me acusaron sin ninguna prueba”.
Y continuó: “Lamentablemente, en esto que soy solidario con Mesa, no debo dejar de recordar este episodio, y que él participó desde la mediática, desde la divulgación de la apología de la conspiración de los narcovínculos, como periodista y productor con el documental ¿Jaime, cuándo se jodió el MIR?, que ganó premios internacionales y que me sentenció sin una sola prueba”.
El también expresidente Jorge Quiroga se manifestó a través de su cuenta de Twitter: “Previsible y aberrante paso de la guillotina judicial de Evo Morales. Su Gobierno paga millones a empresa pirata, que falsificó documentos, y ahora persigue al expresidente Carlos Mesa. En Bolivia pensar diferente es materia justiciable y se criminaliza la oposición.
En un comunicado, Demócratas rechazó “la persecución judicial desatada en contra del expresidente Carlos Mesa por parte de la Fiscalía General del Estado que le ha iniciado un juicio de responsabilidades para silenciar las denuncias del exmandatario sobre la pésima defensa del Estado en los intereses nacionales en el caso Quiborax, pero sobre todo para acallar y amedrentar a un opositor al régimen de Evo Morales”.
Manifestaron que este hecho viene a sumarse a la larga lista de actos de persecución y hostigamiento judicial contra los líderes de la oposición democrática en Bolivia y reafirmó “que no dejará de luchar hasta lograr un cambio democrático en el país para que las garantías y derechos de cada boliviano sean respetados por el Gobierno”.
El diputado del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) Franklin Flores calificó de “acertado" el requerimiento acusatorio de juicio de responsabilidades en contra del expresidente Mesa.
De igual manera, el presidente de la bancada del MAS en Diputados, David Ramos, señaló que la decisión “del Tribunal Supremo de Justicia debe ser acompañada con el rigor que corresponde, tratándose en este caso de un expresidente que tuvo vinculación directa en la administración del Estado boliviano. Para nosotros es importante esta investigación tomando en cuenta los antecedentes históricos, jurídicos y económicos”.
El diputado opositor Wilson Santamaría advirtió que queda claro que el Ministerio Público se ha convertido en una sucursal de Palacio de Gobierno, que persigue, corretea, acusa y denuncia a quien el Gobierno le da la gana” y coincidió con lo dicho por Mesa: “Creo que está anunciada también la sentencia.Hay un claro fin político en este tema que es inhabilitar al expresidente Carlos Mesa, pero además, varios que tuvieron responsabilidad en este caso se lavan las manos.
El Gobierno
El ministro de Justicia dijo que el gran pecado de Mesa es no haber realizado las seis auditorías que mandaba la Ley 2564 y que incluso la demandante chilena los acusó de discriminación porque en el salar de Uyuni había otras empresas que realizaban las mismas labores pero que a la única que se expulsó fue a Quiborax.
En el caso de los decretos de Mesa y del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, señaló que el decreto del segundo no anuló la demanda porque la empresa se basó en la reversión de las concesiones y que en derecho es el papel que se pone en tela de juicio y que los chilenos hicieron valer ese decreto.
También dijo que incluso cumpliendo todos los plazos, en su posición personal, él cree que los tiempos no alcanzan para inhabilitar políticamente a Mesa y que el expresidente intenta utilizar este caso para su beneficio político y crecer ante la ciudadanía; dijo que al menos cuatro de los seis memoriales presentados por Mesa tienen argumentos políticos y no jurídicos.
Los apuntes
La defensa
El 4 de julio, en la interpelación a los ministros de Minería y de Justicia, este último defendió a Llorenti y dijo que ya hubo un proceso administrativo.
Vacaciones
En este momento, la Asamblea está en receso y los miembros de la comisión legislativa son los que atienden los casos de emergencia si se presentaran.
Los pasos
Según la explicación del propio fiscal general, su despacho ya presentó la solicitud de juicio de responsabilidades; la sala plena del TSJ debe debatir y pedir el permiso de juicio de responsabilidades a la Asamblea; este ente debe debatir y decidir, por voto, la autorización de juicio de responsabilidades a Mesa.
Las medidas
El expresidente adelantó que la justicia podría definir medidas cautelares e incluso su detención por este caso.
Tres juicios
Mesa enfrentó el juicio por misiles chinos, por Camargo-Correa y ahora por Quiborax.
