El Gobierno intenta desarticular el paro convocando a algunos sectores al diálogo y dejando por fuera a comités cívicos y opositores a los que acusa de buscar «desestabilizar» al país, mientras las bases oficialistas han anunciado nuevas movilizaciones para «defender» la democracia.

La polémica ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo ha sido el centro de las marchas, bloqueos y demás acciones que se han registrado en todo el país de manera parcial y con varios incidentes entre manifestantes, la Policía y sectores oficialistas.

En esta quinta jornada del paro, en Santa Cruz, eje de la huelga nacional, se notó este viernes mayor presencia de militares en las calles lo que desde hace días preocupa a las autoridades regionales y a los sectores movilizados porque se da en medio de los conflictos por la abrogación de la ley.

Sin embargo, desde el Estado Mayor del Ejército se afirmó que esos militares y el equipo militar que fue desplazado a esa región hace parte de los actos por el 221 aniversario del Ejército mañana sábado.

En otras regiones continuaron por quinto día las manifestaciones como en Tarija en donde se realizó un «banderazo», en La Paz, donde hubo otra movilización vespertina y en Sucre, la capital de Bolivia, los transportistas de Chuquisaca anunciaron que harán bloqueos desde el próximo lunes.

En Cochabamba el transporte pesado y otros sectores hicieron una marcha masiva y bloquearon algunas calles de la ciudad en las que se veían carteles con mensajes «morir antes que esclavos vivir», posteriormente se aglutinaron en un ampliado liderado por la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia.

Diálogo parcial

El Gobierno de Luis Arce convocó para este sábado a un diálogo al que solo invitó a algunos sectores como lo denunció la Asociación de Transporte Pesado Internacional (Asociatrin).

Convocar a un solo grupo «es la técnica del Gobierno de tratar de dividir», dijo a Efe el líder de Asociatrin, Marcelo Cruz, quien remarcó que en esa región los sectores en protesta están unidos.

«No vamos a acudir (al diálogo) porque lamentablemente el Gobierno está haciendo reuniones con sus hordas masistas» sobre la «ley maldita 1386» y «debe tomar en cuenta» que «estamos bien firmes» para exigir la abrogación, afirmó a Efe uno de los miembros de la Cámara Departamental del Transporte en la ciudad de Cochabamba.

El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, afirmó que ya están «acostumbrados a que el Gobierno siempre quiera negociar individualmente para disminuir el movimiento cívico nacional».

En la misma línea se pronunciaron los diferentes comités cívicos departamentales a los que el oficialismo acusa de que con las protestas buscan «desestabilizar» al Gobierno.

Medidas de ambos lados

Varios gremios y plataformas ciudadanas señalaron que analizarán los anuncios que surjan desde el Gobierno en su reunión en Cochabamba este sábado con los sectores a los que invitaron al diálogo, para definir nuevas medidas de movilización.

Mientras que el expresidente Evo Morales y líder del Movimiento al Socialismo (MAS) anunció este viernes que los sectores afines a su partido iniciarán el 23 de noviembre una marcha desde la ciudad de Caracollo, en el departamento de Oruro, hasta La Paz, sede del Gobierno y el Parlamento, para «defender» la gestión de Arce.

Desde un municipio en Potosí el presidente aseguró que contaba con el apoyo de indígenas y mineros «guerreros» para defender su Gobierno de los intentos «golpistas».

Precisamente en esa región se registraron violentos sucesos con agresiones a periodistas por parte de la Policía y de afines al MAS, a lo que se sumó la muerte de un hombre de la que el Gobierno culpa a la oposición, pese a que la autopsia señaló que falleció por «asfixia mecánica por bronco aspiración con cuerpo extraño» y «no presentaba signos de violencia».

Toda esa situación llevó a que sectores aglutinados por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) declararan a Arce «persona no grata».

Bolivia atraviesa por una persistente polarización política desde la crisis de 2019, en la que, a juicio del Gobierno, hubo un «golpe de Estado» y que ha relacionado a las actuales protestas con grupos políticos que buscan la «impunidad» por esos sucesos.