Varios frentes del Gobierno, incluido el presidente del Estado, Luis Arce, tomaron dos declaraciones de la oposición para tejer la teoría de “otro golpe de Estado” en el país, en un contexto de movilizaciones   en contra del Gobierno por la abrogación de la Ley 1386. Sin embargo, las declaraciones en cuestión, una del presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y otra de la senadora de Creemos, Centa Rek, no son parte de las demandas de los sectores movilizados y por otro lado fueron dichas en contextos diferentes a los señalados por las autoridades.

“Hoy la derecha está clara. Dijo el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz ‘hay que tumbar el gobierno de Lucho Arce’, pero desde el Chapare, hermanos, le decimos conjuntamente al pueblo boliviano, eso no lo vamos a permitir hermanas, hermanos”, afirmó el presidente Arce el jueves en el trópico cochabambino, en una concentración de las seis federaciones del trópico de Cochabamba. Estaba con él el expresidente Evo Morales, líder de la organización cocalera.

Calvo usó la frase “tumbar al Gobierno”, pero no como lo planteó el Presidente. “Ha sido categórico (Potosí), ha dado un ultimátum, sectores fuertes, sectores humildes, sectores que estaban con el Gobierno como los hermanos mineros van a estar en las calles y van a tumbar a este Gobierno”, afirmó el miércoles Calvo. No dijo “hay que tumbar…” o que ese sea el objetivo del movimiento cívico.

“Señor Rómulo Calvo, usted dice ‘soy inocente de los delitos que se me acusan, entre ellos el de sedición’, pero usted públicamente y en abierta hostilidad habla de tumbar al Presidente constitucional de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, un presidente democráticamente electo con más del 55% (…); por lo tanto, usted no solamente es un sedicioso, sino que ratifica una vez más su ser golpista antidemocrático, racista y de desconocimiento de las decisiones del pueblo que emanan de las urnas”, afirmó la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien también acusó a Calvo de racismo.

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, también reaccionó ante las declaraciones de Calvo. Afirmó que el Comité Pro Santa Cruz tiene “la receta” para desestabilizar al Gobierno.  “Quieren tumbar a este Gobierno porque tienen supuestamente la receta para que nuestro Gobierno sea desestabilizado. Entonces creo que el pueblo boliviano poco a poco se va dando cuenta;  va abriendo los ojos porque en realidad la postura del paro y estas movilizaciones no se están reflejando en todo el país”, declaró Ruiz.

A raíz de las declaraciones de Calvo, el Gobierno anunció una investigación penal contra los líderes cívicos por alentar la “sedición” y el “terrorismo”, según informó el viceministro de Justicia, César Siles.

Así lo afirmó el viceministro de Justicia, César Siles, después de las declaraciones de Calvo. El viceministro afirmó que la Fiscalía actuará de oficio y que el Ejecutivo  empezará “las investigaciones penales que correspondan” contra quienes han arengado “a tumbar” al Presidente, “legalmente constituido” con más “del 55% de los votos” en las últimas elecciones.

“Son sin duda hechos que ameritan ser investigados, son hechos de sedición, de terrorismo y de conspiración”, afirmó Siles.

Cerrar el Parlamento

La otra afirmación criticada por el Gobierno fue la de la senadora Centa Rek,  de Creemos, que planteó el cierre del Parlamento en caso de no restituirse los dos tercios de votos. “Si el Parlamento sigue sin dos tercios, nosotros los parlamentarios no podemos garantizar ninguna situación a Bolivia;  por lo tanto, deberíamos cerrar el Parlamento”, afirmó la senadora de Creemos Centa Rek.

“La senadora Centa Rek insistió en su pedido de cierre de la Asamblea Legislativa con argumentos falaces que demuestran un desconocimiento deliberado del artículo 163 de la Constitución”, reaccionó el Ministerio de Justicia.

Rek habló del cierre del Parlamento en un contexto en que la oposición exige la restitución de los dos tercios del Parlamento, eliminados el 27 de octubre de 2020 a través de la modificación de 10 artículos y la disposición final segunda de su reglamento. A partir de entonces, ya no es necesario contar con los dos tercios de votos para aprobar, por ejemplo el ascenso de generales de la Policía y las Fuerzas Armadas y el tratamiento de normas en tiempo y materia o tratar temas sin adecuarse a plazos. Con esas modificaciones, ahora pueden aprobar sus determinaciones sólo por “mayoría absoluta”, requisito que el MAS conserva.

“Los parlamentarios de oposición estamos exigiendo la restitución de los 2/3 en el Parlamento para evitar la imposición de leyes inconstitucionales”, respondió Rek al Ministerio de Justicia.